Corte Suprema alza la voz ante Rospigliosi: Amenaza la independencia judicial con ‘barrer’ el sistema
El presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, redobla sus ataques al Poder Judicial, incluso tras un contundente pronunciamiento de la Corte Suprema. Se cuestiona la independencia de poderes.
La Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia ha emitido un enérgico pronunciamiento, marcando un límite explícito a las declaraciones del presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, quien no solo ha cuestionado abiertamente a magistrados, sino que ha planteado la necesidad de «barrer» el sistema judicial. Este choque institucional subraya una preocupante escalada en la tensión entre poderes del Estado, con la independencia judicial en el centro del debate, exacerbado por casos relacionados con delitos de lesa humanidad y la polémica «Ley Anti ONG».
La Suprema advierte: «Destruir el sistema de justicia»
La máxima instancia del Poder Judicial ha sido categórica: rechaza de plano cualquier intento de «condicionar las decisiones judiciales o imponer cualquier tipo de censura». En su comunicado, la Sala Plena calificó de «inaceptable» que resoluciones legítimas sean objeto de «amenazas de intervencionismo» o «medidas disciplinarias». Según la Corte Suprema, tales prácticas implican directamente «destruir el sistema de justicia» y «anular la tutela jurisdiccional efectiva» a la que todo ciudadano tiene derecho, advirtiendo que «cuando se interfiere o controla la justicia, el único perjudicado es el pueblo».
El Poder Judicial también manifestó su rechazo a las «vedadas prácticas» que buscan instrumentalizar el poder político para influir en la justicia, expresando una profunda preocupación por el impacto que ello tiene en el orden democrático del país.
Rospigliosi redobla la arremetida y denuncia a magistrada
Lejos de aplacar su discurso, el presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, ha intensificado sus críticas. Atribuyó el calificativo de «prevaricadores» a los magistrados que, basándose en estándares constitucionales e internacionales, rechazaron aplicar la ley que abre la puerta a la prescripción de delitos de lesa humanidad cometidos antes de 2002, como en el caso Cayara. Además, formalizó una denuncia ante la Junta Nacional de Justicia (JNJ) contra la jueza Rocío del Pilar Ramírez, acusándola de «desacatar» la denominada ley contra las ONG (Ley APCI), luego de que esta magistrada declarara inaplicables ciertos artículos por contravenir derechos fundamentales como la libertad de asociación y el acceso a la justicia.
Tras el pronunciamiento de la Corte Suprema, Rospigliosi volvió a manifestarse en sus redes sociales, insistiendo en la necesidad de «barrer el sistema judicial». En su mensaje, acusó al Poder Judicial de «perseguir a militares y policías» y de «proteger a delincuentes», citando decisiones judiciales sobre hechos de 1994 y 1988 donde, según él, se niegan a aplicar la «ley vigente 32107, pisoteando impunemente la decisión del Tribunal Constitucional».
Lo que falta aclarar
- ¿Cómo concilia el presidente del Congreso su rol de legislador con la exigencia pública de que los jueces acaten normas que, en la práctica, son declaradas inaplicables por colisionar con estándares constitucionales y de derechos humanos?
- ¿Qué implicancias tiene para la separación de poderes que un titular del Legislativo denuncie a magistrados ante la Junta Nacional de Justicia por fallos que no se alinean con la agenda congresal, aun cuando estos se amparen en la defensa de derechos fundamentales?
- Ante la advertencia expresa de la Corte Suprema sobre la destrucción del sistema de justicia por «intervencionismo», ¿cuál es el límite de la crítica política a las decisiones judiciales sin socavar la autonomía del Poder Judicial?
- ¿Qué medidas concretas se esperan de la JNJ para proteger la independencia de los jueces frente a presiones que buscan condicionar sus decisiones, tal como lo ha denunciado la Corte Suprema?
