La otra pobreza que el Estado se niega a ver: 11 millones de peruanos con carencias críticas

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Un informe de la Universidad de Lima desmantela la visión oficial de la pobreza, revelando que un 32% de la población sufre privaciones severas en servicios básicos, muchos de ellos invisibles para las estadísticas monetarias del Gobierno.

Mientras el Gobierno se aferra a cifras de pobreza monetaria que maquillan la realidad, un nuevo Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) del Observatorio Económico de la Universidad de Lima destapa una verdad incómoda: 11 millones de peruanos, el 32% de la población, sobreviven con graves carencias en salud, educación, vivienda, empleo, agua, saneamiento y conectividad. Lo más alarmante es que una parte significativa de estas personas no son consideradas pobres bajo la estrecha lupa oficial, evidenciando una desconexión crítica entre la medición estatal y la realidad social.

La insuficiencia de la pobreza monetaria

La metodología oficial, que define la pobreza por el gasto en una canasta básica de S/454 mensuales por persona, es rotundamente insuficiente para capturar la complejidad de las privaciones. Según Guillermo Boitano, director de Economía de la Universidad de Lima, esta visión es “puntual y exclusiva de gasto”, ignorando “necesidades estructurales” que no se resuelven con un sol más en el bolsillo. Así, mientras 9,4 millones de peruanos no cubren la canasta básica —los oficialmente pobres—, el informe, basado en la metodología de la Universidad de Oxford, subraya que millones de hogares enfrentan déficits que dependen más del acceso a servicios públicos que del nivel de ingresos.

Los rostros de la pobreza oculta

El estudio segmenta la pobreza en Perú de manera reveladora. Un grupo de 4,8 millones de personas (14%) son pobres tanto por sus ingresos como por sus carencias estructurales. Sin embargo, la cifra que exige mayor atención es la de 6,2 millones de peruanos (18%) que, aunque logran superar el umbral monetario, viven sin condiciones mínimas de bienestar y acceso a servicios esenciales. Estos son los “invisibles” para el Estado, quienes, a pesar de no ser catalogados como pobres monetarios, enfrentan una realidad de privación que no se refleja en los reportes habituales. A ellos se suman 4,6 millones (13,6%) que son pobres monetarios pero no multidimensionales, principalmente en áreas urbanas.

La profunda brecha rural-urbana

Las dimensiones de la pobreza multidimensional son claras: falta de acceso efectivo a salud, retraso educativo, condiciones precarias de vivienda, hacinamiento, desempleo o baja monetización laboral, agua no segura, saneamiento deficiente y ausencia de conectividad digital. Estas privaciones golpean con especial saña en el ámbito rural, donde la pobreza multidimensional se dispara al 69,3%, casi el doble de la pobreza monetaria rural (39,3%). Boitano enfatiza que en estas zonas, las “carencias mucho más fuertes” en infraestructura y servicios básicos son determinantes. En contraste, Lima Metropolitana y el Callao ven su pobreza más ligada al costo de vida y la informalidad. El deterioro no es menor: entre 2018 y 2024, la población con problemas de salud crónicos aumentó 2,4% a nivel nacional, con un incremento seis veces mayor en zonas rurales. Además, el 83,2% de hogares rurales vivía en malas condiciones de vivienda en 2024, frente al 26,8% urbano, y el retraso educativo rural (70,2%) duplica al urbano (31,4%).

Regiones olvidadas y la falla de gestión pública

Regiones como Loreto (62,3%) y Puno (62,2%) encabezan los índices de pobreza multidimensional, aunque por razones diversas, desde la falta de servicios en la Amazonía hasta problemas estructurales en el altiplano. En Cusco, la pobreza multidimensional (49,1%) casi triplica a la monetaria (18,5%). Esta heterogeneidad, como bien señala Boitano, demuestra que “no puedo resolver un problema con una medida igual para todos”. A diferencia de la pobreza monetaria, que puede ceder con el crecimiento económico, la multidimensional exige una “calidad de la gestión pública” que, a la luz de estos datos, está fallando estrepitosamente.

Lo que falta aclarar

  • Si 11 millones de peruanos viven con carencias graves, ¿cuáles son las políticas públicas concretas y diferenciadas que el Gobierno implementará para abordar esta realidad, más allá de la medición monetaria?
  • Dada la abismal brecha entre la pobreza rural y urbana, ¿por qué las estrategias de desarrollo social no logran cerrar estas diferencias estructurales en acceso a servicios básicos y oportunidades?
  • ¿Qué medidas de rendición de cuentas se exigirán a los gestores públicos a nivel regional y nacional, cuya “calidad de gestión” es señalada como clave para la reducción de la pobreza multidimensional?
  • ¿Cómo piensa el Estado visibilizar y atender a los 6,2 millones de peruanos que, sin ser considerados pobres monetarios, carecen de las condiciones mínimas para una vida digna?

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