Fiscalización regional: Promesas millonarias, plazos irreales y el fantasma de la inacción de siempre
El Consejo Regional promete una nueva era de transparencia y control tras una millonaria transferencia. Sin embargo, los plazos ajustados y la ambición desmedida chocan con un historial de inacción y una profunda desconfianza ciudadana.
La nueva fiscalización regional: ¿Un punto de quiebre o más de lo mismo?
El consejero delegado Nicolás Inga Esteban ha confirmado el depósito de fondos que, según sus declaraciones del 26 de enero, reactivará la fiscalización en las 10 provincias de la región. El objetivo es claro: transformar la vigilancia institucional en resultados tangibles y garantizar que los recursos se inviertan conforme a los expedientes técnicos. Se habla de “4 trimestres de auditorías rigurosas” y un despliegue que “no se veía en años anteriores”. Pero, ¿es esta retórica el inicio de un cambio verdadero o la enésima promesa que se diluirá en la burocracia y la ineficacia que ha caracterizado la gestión pública regional?
Plazos perentorios y recursos bajo lupa
La celeridad impuesta por el Consejo Regional es notable: los equipos técnicos tuvieron apenas 24 horas, desde el 26 de enero, para definir rutas hacia las “zonas altoandinas más críticas”. Se ha fijado el 27 de enero como plazo fatal para que los 13 consejeros entreguen sus planes operativos, con la advertencia de perder viáticos en febrero de no cumplir. Esta disciplina administrativa choca, sin embargo, con los recursos asignados: S/15,000 para la primera fase de viáticos y logística de los 13 consejeros. ¿Es esta cifra, complementada con S/4,500 por grupo de trabajo y una reserva de S/15,000 para vehículos, realmente suficiente para sostener “operativos de hasta 3 días de duración en zonas de geografía compleja” y asegurar “4 trimestres de auditorías rigurosas” en 10 provincias? La ambición declarada no parece corresponderse con la inversión en el control.
Refuerzo legal: ¿Blindaje o verdadera persecución?
Para “blindar jurídicamente” la fiscalización, el Consejo ha autorizado la contratación inmediata de 2 abogados expertos, que se sumarán a los 2 asesores de planta. Su misión: auditar expedientes de las 10 provincias, identificar vicios en licitaciones de mayor presupuesto y derivar los hallazgos graves al Ministerio Público en solo 15 días. Se proyecta una reducción del 40% en los tiempos de trámite administrativo. Sin embargo, con más de 8,000 folios sobre infraestructuras educativas con deficiencias ya en análisis, ¿es el refuerzo de dos profesionales suficiente para garantizar informes “inatacables judicialmente” y una persecución efectiva de la corrupción, o busca más bien proteger al propio Consejo de posibles demandas de constructoras con antecedentes de incumplimiento?
Un historial de inacción frente al 70% de desaprobación
El consejero Inga ha reconocido que esta “ambiciosa estrategia busca revertir el 70% de desaprobación que enfrentan las instituciones públicas debido a la falta de mecanismos de control efectivos”. Además, se busca enfrentar la parálisis que afecta al 45% de los proyectos regionales supervisados. Si la sociedad civil organizada mantiene un interés superior al 85% en el estado de las obras paralizadas, ¿por qué solo ahora, tras una “millonaria transferencia”, se activa un “estándar de fiscalización efectiva que no se veía en años”? La ciudadanía exige saber qué falló en los ciclos de gestión anteriores y por qué se permitió que proyectos permanecieran en la “sombra administrativa” hasta este “punto de quiebre definitivo”.
Lo que falta aclarar
- ¿Cómo se garantiza que S/15,000 para viáticos de 13 consejeros en la “primera fase” y S/4,500 por grupo sean suficientes para “4 trimestres de auditorías rigurosas” en 10 provincias con geografía compleja, sosteniendo operativos de hasta tres días?
- Si la “millonaria transferencia” ha habilitado esta fiscalización, ¿cuál es el monto total de dicha transferencia y cómo se compara con los S/150,000 de inversión pública que representan las obras a intervenir en esta “etapa inicial de dos meses”?
- Ante un 70% de desaprobación ciudadana y el 45% de proyectos regionales paralizados, ¿qué medidas concretas se tomarán para asegurar que los informes de fiscalización no terminen como meros documentos, sino en sanciones administrativas y judiciales efectivas, y la recuperación de fondos?
- Con el volumen de trabajo acumulado, que incluye más de 8,000 folios sobre infraestructuras educativas, ¿dos abogados adicionales al equipo existente son realmente suficientes para asegurar informes “inatacables judicialmente” y una reducción del 40% en trámites, cumpliendo además con la promesa de derivar hallazgos al Ministerio Público en 15 días?
