Vía Expresa Santa Rosa: Obras avanzan entre sobrecostos y graves alertas contractuales

La Defensoría del Pueblo cuestiona al MTC por el contrato con Egis, salpicado por sanciones internacionales de corrupción. El proyecto, que duplicó su costo, ignora advertencias técnicas y el clamor vecinal en el Callao.

La Vía Expresa Santa Rosa, una obra vital para conectar el nuevo Aeropuerto Internacional Jorge Chávez con la Costa Verde, ha iniciado sus trabajos preliminares en la avenida Santa Rosa, Callao. Sin embargo, su avance se ve ensombrecido por una serie de advertencias graves de la Defensoría del Pueblo y la persistente oposición de los vecinos. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) procede con la reubicación de redes de Sedapal y el traslado de árboles, mientras las alarmas resuenan sobre riesgos legales, contractuales y financieros que podrían comprometer la inversión pública.

Contrato bajo sombra: Egis y las sanciones internacionales

La Defensoría del Pueblo ha puesto bajo la lupa el contrato Estado a Estado suscrito en 2021 con Egis Villes et Transports S.A.S. – Sucursal del Perú, empresa a cargo de la asistencia técnica para este proyecto y la Nueva Carretera Central. La preocupación central radica en las sanciones impuestas por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), replicadas por el Banco Mundial, contra otras empresas del grupo Egis (Egis Eau S.A.S., Egis International S.A.S. y Egis Colombia S.A.S.) por prácticas fraudulentas, corruptas y colusorias en un proyecto distinto en Panamá. Estas sanciones están vigentes entre enero de 2024 y enero de 2027.

Según la Defensoría, esta situación podría activar la cláusula anticorrupción del contrato, poniendo “en duda la honestidad de EGIS para continuar relacionándose con el Estado peruano”. Pese a esta contundente advertencia, el MTC ha minimizado el riesgo, argumentando que los hechos sancionados son previos a la firma del contrato y que Egis Villes et Transports S.A.S. no fue directamente investigada ni sancionada. Egis, por su parte, asegura que no existe “riesgo contractual alguno” ni vinculación directa entre la asistente técnica y las sociedades sancionadas, calificando cualquier otra interpretación de “errónea e infundada”.

Escalada de costos y diseño cuestionado: ¿Un proyecto inviable?

Las observaciones de la Defensoría no se detienen en los antecedentes contractuales. También alertan sobre un preocupante incremento en las valorizaciones de la Vía Expresa Santa Rosa y la Nueva Carretera Central, que la Contraloría General de la República cifra en un salto de S/ 800 millones a más de S/ 2.000 millones para la vía expresa. Este aumento, de acuerdo con la exministra de Transportes y Comunicaciones Paola Lazarte, no responde a criterios técnicos, sino a demoras y “politización en la ejecución”.

Expertos también han cuestionado el diseño técnico del proyecto. El arquitecto Bryan Castillo, del Laboratorio de Urbanistas del Callao Soñadores Urbanos, advierte que el trazo actual concentra el tráfico hacia la Costa Verde, ignorando otros accesos al aeropuerto y creando “cuellos de botella” con una vía que comienza con tres carriles y termina en uno. Castillo enfatiza que la Costa Verde ya está saturada y que existen alternativas más eficientes y menos costosas, como mejorar avenidas existentes o integrar sistemas de transporte público masivo. La Defensoría, en tanto, sugiere evaluar si es indispensable ejecutar tanto el puente como la autopista, o si el Puente Santa Rosa bastaría, considerando accesos alternativos como la avenida Faucett y la futura Línea 4 del Metro.

La voz del Callao: Vecinos ignorados, riesgos multiplicados

Mientras el MTC y Egis defienden la viabilidad y legalidad del proyecto, la población del Callao ha manifestado su rotundo rechazo, convocando incluso a un plantón el sábado 24 de enero. Los vecinos denuncian el impacto urbano y social de las obras preliminares, así como la falta de una evaluación integral de sus efectos ambientales y de seguridad.

Bryan Castillo subraya que la avenida Santa Rosa funciona hoy como una zona segura, y “techarla con una carretera elevada reduce drásticamente las opciones de evacuación y seguridad” en una zona con riesgo de tsunami. Asimismo, alerta que la conexión con la Costa Verde interrumpe avenidas estratégicas como La Paz, una ruta clave de evacuación. La Defensoría del Pueblo ha sido clara: los proyectos de infraestructura deben priorizar a la ciudadanía y sus derechos fundamentales, una premisa que parece ausente en la ejecución actual.

Lo que falta aclarar

• ¿Cómo justifica el MTC la duplicación del costo del proyecto (de S/ 800 millones a más de S/ 2.000 millones, según Contraloría) sin que esto represente un riesgo de sobrecosto para el Estado peruano?
• ¿Por qué el MTC considera que la resolución del contrato “no debería ser la primera opción” ante las serias alertas de la Defensoría del Pueblo sobre la vigencia de sanciones por prácticas fraudulentas, corruptas y colusorias contra empresas del mismo grupo Egis?
• ¿Qué medidas concretas adoptará el MTC para abordar las críticas técnicas al diseño de la Vía Expresa Santa Rosa, que según expertos generará cuellos de botella y no aprovechará eficientemente la conectividad del nuevo aeropuerto?
• ¿Cómo responderá el MTC a las preocupaciones de la Defensoría y los vecinos del Callao respecto a la interrupción de rutas de evacuación y la afectación de zonas seguras, garantizando los derechos fundamentales de la población colindante?