Fiscalización estancada en Huánuco: ¿Excusa de recursos o negligencia en caso Walker Soberón?
Kandy Vargas, nueva presidenta de Desarrollo Económico en el Consejo Regional de Huánuco, denuncia falta de personal que habría paralizado la fiscalización, incluyendo el caso Walker Soberón, mientras critica la gestión previa y el cumplimiento de objetivos.
La consejera regional por Huánuco, Kandy Vargas, ha asumido la presidencia de la Comisión de Desarrollo Económico del Consejo Regional, una designación que llega con una fuerte crítica a la gestión anterior. Vargas ha señalado que la falta de recursos humanos fue el principal obstáculo para el avance de la fiscalización durante el 2025, apuntando directamente a la paralización de una comisión especial vinculada al sonado caso Walker Soberón. En un contexto donde el 2026 es el último año de gestión, ¿es la escasez de personal la verdadera razón detrás de la inacción o una conveniente justificación para los retrasos en un periodo tan crucial?
¿Parálisis deliberada o ineficiencia administrativa?
Vargas ha anunciado que prepara la documentación para reiterar el pedido de personal, cuya viabilización, según ella, recae en la presidencia del Consejo Regional y su equipo administrativo. La consejera enfatiza que esta carencia limita “la labor que les ha encomendado el pueblo” en control y seguimiento. Sin embargo, ¿cómo es posible que, a puertas del último año de gestión, una necesidad tan básica para la fiscalización siga siendo una solicitud pendiente y no una prioridad resuelta por la administración regional?
Balance desolador y objetivos incumplidos
La evaluación de Vargas sobre el desempeño de la Comisión de Desarrollo Económico en 2025 es contundente: según declaró, no se habrían cumplido el 100% de los objetivos. Identificó “debilidades y falencias” en la implementación y seguimiento de proyectos clave para la región, como los de papa nativa y ganado vacuno, afectando directamente a los agricultores. A pesar de reconocer estas deficiencias graves, la consejera no detalló medidas específicas ni un cronograma para revertir esta situación en el “último tramo de la gestión”. ¿Se espera un milagro o una planificación real y concreta para el 2026?
Presupuesto y TDR: La burocracia como coartada
En cuanto al componente presupuestal, Vargas explicó el proceso PIA/PIM, atribuyendo su manejo al área administrativa. Sin embargo, reconoció “errores en la programación y en los TDR” que han retrasado el inicio efectivo de las acciones de control. La consejera responsabiliza al secretario, asesor y equipo técnico de subsanar estas observaciones, señalando que “ya no se está en una etapa inicial de aprendizaje”. Si los errores son tan evidentes y la gestión se encuentra en su fase final, ¿por qué estas deficiencias fundamentales no han sido corregidas con la urgencia que el caso amerita?
Lo que falta aclarar
- ¿Quién asume la responsabilidad política y administrativa por la falta de recursos humanos que, según la consejera Vargas, frenó la fiscalización del caso Walker Soberón durante todo el 2025? ¿Por qué esta falencia no fue resuelta con la debida urgencia?
- Dada la crítica al 100% de incumplimiento de objetivos en la Comisión de Desarrollo Económico en 2025, ¿qué acciones concretas y con qué cronograma se implementarán para revertir esta situación en el último año de gestión, garantizando resultados tangibles para los agricultores?
- Si los “errores en la programación y los TDR” son la causa del retraso en la fiscalización, ¿cuáles son los plazos para que el secretario, asesor y equipo técnico subsanen estas deficiencias fundamentales, y quién supervisará que esto ocurra sin más dilaciones?
