Tarifazo de agua en Lima: ¿Quién fiscaliza la promesa de mejora de Sedapal?
El alza en los recibos de agua para Lima y Callao, vigente desde enero, genera incertidumbre. Sunass justifica la medida por un decreto, pero la exigencia de un servicio de calidad sigue siendo una deuda histórica de Sedapal.
Desde enero de 2026, los hogares y negocios de Lima y Callao enfrentan un significativo incremento en las tarifas de agua potable y alcantarillado. La Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass) ha justificado esta alza, que se reflejará en los recibos a partir de febrero, como una aplicación «obligatoria» del Decreto Legislativo N.° 1620. Sin embargo, ¿es suficiente una justificación legal cuando la ciudadanÃa exige resultados tangibles y no solo mayores costos?
El «rebalanceo» que pagamos todos
Según la Sunass, el reajuste tarifario para Sedapal es parte de un «rebalanceo» esencial para cubrir los costos operativos y garantizar la continuidad del servicio. Este mandato, emanado del Decreto Legislativo N.° 1620 del gobierno anterior (diciembre de 2023), parece trasladar directamente al usuario la responsabilidad de financiar una infraestructura y gestión que, históricamente, han sido fuente de quejas. ¿Dónde queda la eficiencia operativa de Sedapal en esta ecuación?
Impacto real: más dinero por la misma incertidumbre
El incremento no es menor. Para un usuario doméstico con consumo promedio de 16 metros cúbicos mensuales, el recibo subirá en S/7.70. En términos porcentuales, la Sunass detalla que el ajuste va del 12% para usuarios residenciales (categorÃas social y doméstica) hasta un 20% para los no residenciales, incluyendo entidades estatales, comercios e industrias. Un golpe al bolsillo que, sin una mejora palpable e inmediata del servicio, se percibe como una carga más que como una inversión en calidad de vida.
Fiscalización: ¿Promesa o realidad?
La Sunass ha declarado que «intensificará las labores de fiscalización y supervisión» para asegurar que los recursos adicionales se usen en mejoras concretas: inversiones, mantenimiento, continuidad y atención al usuario. Una declaración que, aunque necesaria, genera escepticismo. ¿Qué ha impedido una fiscalización efectiva hasta ahora? ¿Por qué esta promesa de control surge solo con el anuncio de un nuevo tarifazo, y no como parte de una gestión preventiva y constante que garantice la calidad del servicio más allá de los reajustes?
Lo que falta aclarar
A pesar de las explicaciones de la Sunass, persisten interrogantes cruciales sobre la transparencia y la efectividad de este reajuste tarifario:
- Si el Decreto Legislativo N.° 1620 se promulgó en diciembre de 2023, ¿por qué el reajuste tarifario se aplica recién en enero de 2026, con un impacto diferido en los recibos de febrero? ¿Existió una planificación adecuada para mitigar el impacto en los usuarios?
- ¿Qué mecanismos concretos y medibles implementará la Sunass para garantizar que la «participación ciudadana» en la audiencia pública no sea solo un formalismo, y que las preocupaciones de los usuarios sean efectivamente atendidas antes y después del incremento?
- Más allá de la promesa de «intensificar la fiscalización», ¿cuáles son los indicadores de desempeño especÃficos que Sedapal deberá cumplir, y cómo se hará pública la rendición de cuentas sobre el uso de estos S/7.70 adicionales por usuario doméstico?
- Ante la necesidad de inversión en infraestructura, ¿cuál es el plan a mediano y largo plazo de Sedapal para reducir su dependencia de reajustes tarifarios que recaen directamente en el usuario, y no en una gestión más eficiente o la búsqueda de otras fuentes de financiamiento?
