Ley Antiextorsión del Gobierno: ¿Freno a la violencia o medida ineficaz ante ola de crímenes?
Pese a la reciente reglamentación de la Ley N.º 32490, la criminalidad contra transportistas escala con nuevos asesinatos y atentados, generando indignación en el sector y dudas sobre su real impacto.
La reciente reglamentación de la Ley N.º 32490, promocionada por el Gobierno como un escudo contra la extorsión en el transporte, ha sido rápidamente desmentida por la cruda realidad. En apenas tres días desde su entrada en vigor, el sector reporta al menos dos asesinatos y cuatro atentados, incluyendo el ataque a un bus lleno de pasajeros en San Luis y el crimen de un colectivero en La Victoria. Esta escalada de violencia pone en jaque la efectividad de la norma y la estrategia estatal para contener una crisis que ya lleva demasiado tiempo.
Indignación gremial: “Cualquier cosa como reglamento”
La respuesta de los gremios de transportistas no se ha hecho esperar. Héctor Vargas, presidente de la Coordinadora de Transporte Urbano de Lima y Callao, calificó la norma como “cualquier cosa como reglamento”, cuestionando la falta de inteligencia y una estrategia sostenida. Según Vargas, el sector ha agotado todas las vías, incluyendo paros y pedidos formales, sin que el Estado reaccione, sumiendo a los trabajadores en “indignación y zozobra”.
Walter Carrera, vocero de la Asociación de Transporte, lamentó el asesinato del joven colectivero y recordó que las denuncias de violencia y crímenes se arrastran por “más de un año”, con “decenas de conductores” asesinados en ese lapso. Si bien existe una expectativa inicial, Carrera enfatizó que la ley debe traducirse en “resultados concretos” para ser considerada efectiva.
Expertos advierten sobre vacíos estructurales
La visión de los especialistas en seguridad no es más alentadora. José Manuel Saavedra, experto en la materia, señaló que la ley no aborda la raíz del problema. Según Saavedra, las redes criminales continúan operando, a menudo desde los penales, y el flujo de dinero ilegal permanece intocado. Sin un refuerzo en la inteligencia y la investigación financiera, los atentados seguirán su curso, incluso con nuevas disposiciones en vigencia.
Wilfredo Pedraza, exministro del Interior, coincidió en la limitada eficacia de la norma si no se acompaña de una acción policial “efectiva”. Pedraza criticó que la reglamentación se enfoca en la “etapa final del delito” en lugar de concentrar los esfuerzos en la “desarticulación de las organizaciones criminales”. Por su parte, el exviceministro Ricardo Valdés fue categórico: las medidas son “insuficientes” y “no hay capacidad operativa ni inteligencia criminal”, desestimando que restricciones a motocicletas resuelvan el problema, pues la norma “tiene una serie de trampas que la hacen inaplicable”.
Lo que falta aclarar
- Si la Ley N.º 32490 fue presentada como una respuesta urgente, ¿por qué la violencia recrudece a solo tres días de su reglamentación?
- ¿Qué acciones concretas implementará el Gobierno para reforzar la inteligencia y la investigación financiera, elementos clave que los expertos señalan como ausentes en la estrategia actual?
- Ante el persistente clamor de los gremios por una estrategia sostenida y la inacción estatal denunciada por Héctor Vargas, ¿cuál es el plan de contingencia del Ejecutivo para proteger a un sector que ya cuenta “decenas de conductores” asesinados?
- ¿Cómo se garantizará que las coordinaciones interinstitucionales previstas en la norma se traduzcan en operaciones policiales “efectivas” y no solo en regulaciones, como advierte el exministro Pedraza?
