Lima y Callao: ¿Prórroga de emergencia, estrategia o inercia frente a la criminalidad?
El gobierno de Balcázar extiende por 30 días la medida excepcional, lo que plantea serias dudas sobre los resultados previos y la efectividad de una política que limita derechos fundamentales sin una solución de fondo.
El gobierno de José María Balcázar ha decretado una nueva prórroga por 30 días del estado de emergencia en Lima Metropolitana y el Callao, efectiva desde el 30 de marzo de 2026. Esta decisión, oficializada mediante el Decreto Supremo N° 044-2026-PCM, vuelve a colocar en el centro del debate la verdadera eficacia de una medida excepcional que, aplicada de forma recurrente, no parece ofrecer una salida definitiva a la creciente criminalidad, mientras restringe derechos fundamentales de la ciudadanía.
Recurrencia sin impacto tangible
Esta extensión se suma a una serie ininterrumpida de estados de emergencia que, a pesar de la intervención de la Policía Nacional del Perú y el apoyo de las Fuerzas Armadas para el control del orden interno, no han logrado revertir la percepción ni los índices de inseguridad. La ciudadanía se pregunta, con justa razón, qué indicadores concretos respaldan la continuidad de una política que, hasta la fecha, no ha demostrado ser la solución de fondo que el país necesita.
El costo de las libertades restringidas
La normativa vigente reitera la suspensión de garantías constitucionales esenciales, como la inviolabilidad del domicilio, la libertad de tránsito, la libertad de reunión y la libertad de seguridad personal. Cualquier aglomeración masiva ahora requerirá autorización previa, lo que intensifica el control estatal sobre la vida cotidiana. ¿Es sostenible esta limitación de libertades sin una justificación irrefutable basada en resultados concretos y medibles que validen el sacrificio impuesto a los peruanos?
Informes que no transforman la realidad
El Decreto Supremo N° 044-2026-PCM establece que el Comando de Coordinación Operativa Unificada (CCO) debe presentar un informe detallado al Ministerio del Interior, a cargo de José Zapata Morante, para luego ser elevado a la Presidencia de la República, el Congreso y el Poder Judicial. Sin embargo, la persistencia de las prórrogas sugiere que estos mecanismos de rendición de cuentas no se traducen en acciones correctivas o en una reevaluación profunda de la estrategia. ¿Qué valor tienen estos reportes si, tras su presentación, la única respuesta visible es una nueva extensión de la misma medida?
Lo que falta aclarar
- ¿Qué indicadores específicos y cuantificables demuestran la efectividad de las prórrogas anteriores y justifican la continuidad de esta medida excepcional, más allá de la mera contención temporal?
- Ante la restricción de derechos fundamentales, ¿qué mecanismos se han implementado para garantizar que estas limitaciones sean estrictamente necesarias, proporcionales y temporales, evitando posibles abusos o extensiones injustificadas?
- ¿Existe un plan integral y articulado de seguridad ciudadana a mediano y largo plazo que el gobierno de José María Balcázar esté implementando para abordar las raíces de la criminalidad, o se seguirá optando por un ciclo interminable de estados de emergencia?
