Huánuco: Lluvias exponen vulnerabilidad y vacíos en la gestión de emergencias
Con siete fallecidos y casi mil familias damnificadas, la región Huánuco enfrenta una crítica situación. Las cifras oficiales revelan la magnitud del desastre, pero también ponen en evidencia serias deficiencias en la respuesta y coordinación intergubernamental.
La región Huánuco se encuentra sumida en una emergencia de proporciones, con un saldo de siete vidas perdidas y 987 familias que han perdido absolutamente todo, según el reporte del gobernador regional Antonio Pulgar Lucas. Estas cifras, junto a 2424 familias afectadas parcialmente y 323 viviendas inhabitables, dibujan un panorama desolador que exige una rendición de cuentas clara sobre la capacidad de respuesta de las autoridades.
La magnitud de la destrucción en cifras oficiales
El informe oficial presentado por Pulgar Lucas no deja lugar a dudas sobre la devastación. Además de las pérdidas humanas y de hogares, se registran 1516 familias con medios de vida afectados, 4.6 kilómetros de caminos vecinales destruidos y otros 37 kilómetros impactados. Las zonas urbanas también sufrieron con 6.6 kilómetros de calles dañadas, la destrucción de un puente peatonal y otro afectado. El sector agrícola reporta 280 hectáreas de cultivos dañados y 69 hectáreas perdidas, sumando la muerte de 74 animales y 180 afectados. La provincia de Marañón se perfila como la más golpeada, con 283 damnificados y 92 viviendas inhabitables, según el Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER).
Opacidad en los datos y la coordinación
A pesar de la gravedad de la situación, el propio gobernador Pulgar ha señalado una preocupante deficiencia: la falta de registro en el sistema SINPAD para provincias como Huacaybamba, también severamente afectada. La justificación de Pulgar, atribuir esta falla a la “constante rotación de personal” en las subgerencias de riesgos y desastres municipales, levanta serias interrogantes sobre la estabilidad y preparación de los equipos de emergencia. A esto se suma su cuestionamiento a algunas municipalidades por negarse a firmar actas de entrega de ayuda humanitaria, pese a que, según el Gobierno Regional, los bienes fueron distribuidos inmediatamente. ¿Qué tan efectiva puede ser la ayuda si la cadena de registro y responsabilidad se rompe de esta manera?
Demandas urgentes y la infraestructura en el olvido
Ante la complejidad del acceso terrestre a zonas como Huacaybamba y Marañón, el gobernador ha solicitado a la Presidencia del Consejo de Ministros la implementación de un puente aéreo. Asimismo, Pulgar ha exigido a Provías Nacional la atención inmediata de la Carretera Central, declarada en emergencia semanas atrás, y de la Carretera 12A que conecta Uchiza – Huacrachuco – Sihuas. La intransitabilidad de estas vías vitales mantiene a la población incomunicada, evidenciando que los problemas de infraestructura crítica no son nuevos, sino que la crisis actual los ha puesto brutalmente de manifiesto.
Lo que falta aclarar
- ¿Cuál es la estrategia del Gobierno Regional para garantizar la estabilidad del personal en las subgerencias de riesgos y desastres, y asegurar el registro adecuado de la información en el SINPAD, especialmente en zonas de alta vulnerabilidad como Huacaybamba?
- Si la “atención inmediata” con maquinaria y bienes humanitarios fue la respuesta, ¿por qué la magnitud del desastre sigue escalando, y qué medidas de prevención efectivas se implementaron antes de la llegada de las lluvias más intensas?
- ¿Qué acciones concretas ha tomado el Gobierno Regional para mediar y resolver la supuesta negativa de algunas municipalidades a firmar las actas de entrega de ayuda, y cómo se garantiza que la ayuda llegue a quienes la necesitan sin trabas burocráticas?
- Considerando que la Carretera Central fue declarada en emergencia hace semanas, ¿por qué no se tomaron las medidas preventivas y de reparación necesarias para evitar su colapso total y el aislamiento de poblaciones clave, y cuál es la responsabilidad de Provías Nacional en esta recurrente situación?
