Congreso fija pensión de S/3.500 para maestros

El Pleno aprobó por insistencia la Ley de Pensión Digna, desoyendo las advertencias del Ejecutivo y de gremios económicos. La medida, que eleva las pensiones de docentes jubilados, podría costar S/5.670 millones anuales y reabre el debate sobre la sostenibilidad de las finanzas públicas.

Con 82 votos a favor, el Congreso de la República aprobó este jueves 19 de marzo la Ley de Pensión Digna para Docentes, que establece un monto mensual de S/3.500.70 para maestros jubilados y cesantes. La medida, que busca equiparar las pensiones a la Remuneración Íntegra Mensual de la primera escala magisterial, llega tras una insistencia legislativa que desestimó las serias observaciones del Poder Ejecutivo y las contundentes advertencias de gremios económicos sobre su impacto en las arcas del Estado.

Desafío a la Constitución y al Ejecutivo

La aprobación por insistencia no es un detalle menor. La entonces presidenta Dina Boluarte había observado la propuesta el 7 de octubre de 2025, argumentando una clara inconstitucionalidad. Según el Ejecutivo, el Congreso carece de iniciativa de gasto, contraviniendo el artículo 79 de la Carta Magna al generar “mayores gastos públicos”. Sin embargo, el Legislativo optó por acelerar el trámite, exonerando la norma de revisión en comisiones y validando una medida que, para el Gobierno, invade sus competencias exclusivas en materia económica.

La sombra de la “cédula viva” y el costo fiscal

Las alarmas sobre la sostenibilidad fiscal no tardaron en sonar. Instituciones como Comex Perú y el Consejo Privado de Competitividad han expresado su profunda preocupación. El Consejo Fiscal, citado por expertos, estima que esta ley podría implicar un desembolso anual de S/5.670 millones para el Estado. Pero más allá de la cifra, la crítica central apunta a que esta iniciativa reabriría, en la práctica, el esquema de la ‘cédula viva’, un sistema previsional que en el pasado generó una presión insostenible sobre las finanzas públicas y que el país había intentado superar. ¿Estamos retrocediendo?

¿Equidad o irresponsabilidad?

Durante el debate, algunos congresistas, como Flor Pablo, defendieron la necesidad de otorgar a los docentes un tratamiento previsional similar al que recientemente se aprobó para militares y policías. Si bien la búsqueda de equidad es un principio deseable, surge la interrogante sobre si la vía elegida por el Congreso es la adecuada, ignorando las advertencias sobre las implicancias fiscales. La vicepresidenta de la Comisión de Economía, Ana Zegarra Saboya (Somos Perú), afirmó que esto ofrecería “una mejora de calidad de vida” para los docentes, responsables de la formación de millones de estudiantes. No obstante, ¿a qué costo y con qué respaldo técnico-económico se sostiene esta promesa?

Lo que falta aclarar

• ¿Cómo se coordinará la definición del monto final entre el MEF y el Minedu, cuando el primero ya había advertido sobre la inconstitucionalidad y el gasto público?
• ¿De dónde provendrán los S/5.670 millones anuales necesarios para cubrir esta nueva obligación, sin desfinanciar otros sectores o incrementar el déficit fiscal?
• Si el Congreso no tiene iniciativa de gasto según la Constitución, ¿cuál es la justificación legal de fondo para insistir en una ley que genera una obligación permanente, más allá de la votación parlamentaria?
• ¿Qué mecanismos se implementarán para evitar que esta ley, como advierten los gremios, reactive un esquema de ‘cédula viva’ que ponga en jaque la sostenibilidad del sistema previsional público a largo plazo?