Congreso y minería: Un dictamen que impulsa la informalidad
La Comisión de Energía y Minas aprueba una norma que, según expertos, acelera la caducidad de concesiones formales, generando un riesgo latente para la seguridad, el ambiente y las inversiones en el sector minero peruano.
La Comisión de Energía y Minas del Congreso de la República ha encendido las alarmas en el sector minero formal tras la reciente aprobación de un dictamen que modifica el régimen de concesiones. Esta nueva normativa, lejos de fortalecer la industria, podría acelerar la caducidad de proyectos de pequeña minería y minería artesanal, abriendo la puerta a la ocupación de estas áreas por actividades ilegales, con graves consecuencias para la seguridad, el ambiente y las inversiones en el país.
Un golpe a la inversión formal
Especialistas advierten que la medida no solo falla en promover la formalización y la trazabilidad de minerales, mecanismos esenciales para combatir la ilegalidad. Por el contrario, busca simplificar la caducidad de concesiones ya existentes. ¿Cómo se justifica desincentivar la inversión en proyectos que, con gran esfuerzo, buscan cumplir con la normativa vigente?
El vacío que alimenta la ilegalidad
La realidad actual muestra que cerca del 70% de las concesiones invadidas por la minería informal pertenecen a la pequeña minería, un segmento que ya lucha por sostener sus operaciones. La propuesta congresal, al acelerar la pérdida de estas concesiones, no hace más que crear un terreno fértil para la expansión de actividades ilícitas que operan al margen de cualquier estándar ambiental o laboral. ¿Es este el camino que el legislativo peruano busca para el desarrollo de la minería?
Silencio sobre la formalización real
Mientras el sector minero formal demanda rigor técnico y responsabilidad, el dictamen parece ignorar la urgencia de fortalecer herramientas como el REINFO. La flexibilización de leyes y la inacción en la implementación de mecanismos de formalización solo abonan el terreno para el crecimiento descontrolado de la minería ilegal, con un costo social y ambiental incalculable para las comunidades afectadas.
Lo que falta aclarar
- ¿Qué análisis técnico riguroso sustenta la decisión de acelerar la caducidad de concesiones formales, contraviniendo las advertencias de los especialistas del sector?
- Si el objetivo es combatir la ilegalidad, ¿cómo esta medida contribuye a la formalización y la trazabilidad de minerales, en lugar de generar más espacios para la informalidad?
- ¿Qué plan concreto tiene la Comisión de Energía y Minas para proteger a la pequeña minería formal y evitar que el 70% de las concesiones invadidas se convierta en un 100% bajo control ilegal?
- ¿Por qué se prioriza la simplificación de caducidades antes que la implementación efectiva y el fortalecimiento del REINFO, una herramienta clave para la formalización?
