Congreso no logra inhabilitar por segunda vez a Delia Espinoza
El Pleno archivó una nueva denuncia contra la exfiscal Delia Espinoza, quien denunció persecución política. Una votación que exhibe las contradicciones y vacíos en la fiscalización parlamentaria.
El Pleno del Congreso de la República no consiguió los votos necesarios este jueves para concretar una nueva inhabilitación por diez años contra la exfiscal de la Nación, Delia Espinoza. Con solo 57 votos a favor de los dos tercios requeridos, 21 en contra y 3 abstenciones, el proyecto de resolución legislativa fue archivado, dejando en el aire graves cuestionamientos sobre la coherencia y el rigor en la labor fiscalizadora del parlamento.
Un expediente con serias imputaciones archivado
La denuncia constitucional que buscaba la inhabilitación de Espinoza se sustentaba en presuntos delitos de abuso de autoridad y prevaricato. El informe final señalaba una supuesta vulneración de la inviolabilidad parlamentaria, a raíz de una denuncia previa que la exfiscal interpuso contra once congresistas. Estos legisladores habían votado a favor de un proyecto de ley que les permitía percibir simultáneamente sus pensiones y sus remuneraciones parlamentarias, una situación que Espinoza consideró irregular. ¿Es este un precedente que avala la impunidad frente a posibles conflictos de interés en el hemiciclo?
Espinoza: ¿Víctima de revancha o responsable de sus actos?
A su llegada al Palacio Legislativo, Delia Espinoza rechazó categóricamente las imputaciones en su contra, calificándolas de «persecución, revancha y venganza» por haber cumplido su rol como «correcta fiscal de la Nación». Según sus declaraciones, los congresistas estarían «imponiendo la fuerza de sus votos» en un «estado dictatorial». Sin embargo, esta narrativa de victimización contrasta con las acusaciones concretas de abuso de autoridad y prevaricato. ¿Es el Congreso incapaz de diferenciar entre una persecución política genuina y la rendición de cuentas por acciones cuestionables?
La sombra de una inhabilitación previa y el contexto electoral
Es fundamental recordar que Delia Espinoza ya fue inhabilitada por diez años del ejercicio de la función pública en diciembre de 2025 (sic), acusada de incumplir la Ley 32130. Esta nueva arremetida congresal, a pesar de la sanción ya impuesta, genera suspicacia. ¿Qué sentido tiene buscar una segunda inhabilitación si la primera ya está vigente? La situación se complejiza al considerar que este debate se dio en plena segunda vuelta para la elección del decano del Colegio de Abogados de Lima, donde Espinoza es candidata. ¿Es la política parlamentaria utilizada como herramienta de presión en contiendas externas?
Lo que falta aclarar
- ¿Cuál es el criterio real del Congreso para archivar o aprobar denuncias constitucionales cuando se trata de sus propios miembros o exfuncionarios que los investigaron?
- Si la exfiscal Delia Espinoza ya cuenta con una inhabilitación vigente, ¿cuál era la verdadera motivación detrás de impulsar una segunda sanción por hechos distintos?
- ¿Cómo garantiza el Parlamento la independencia de sus procesos fiscalizadores frente a las acusaciones de «revancha política» lanzadas por los denunciados?
- ¿La votación de 57 a favor, 21 en contra y 3 abstenciones refleja una evaluación objetiva de los cargos o una negociación política interna?
