Beneficios CAS: Congreso aprueba ley millonaria y la papa caliente llega al Ejecutivo
El Parlamento dio el visto bueno a gratificaciones y CTS para trabajadores CAS, generando un impacto fiscal de S/3.000 millones anuales. Ahora, el Poder Ejecutivo debe decidir si asume el costo o lo observa.
El Congreso de la República ha aprobado en segunda votación una iniciativa que modifica el régimen del Contrato Administrativo de Servicios (CAS), incorporando nuevos beneficios laborales para los más de 373,233 trabajadores del sector público bajo esta modalidad. La decisión, que ahora recae en el Poder Ejecutivo, plantea una interrogante ineludible sobre la viabilidad fiscal de una medida que, según estimaciones, generaría un costo anual de S/3.000 millones.
Beneficios con un costo elevado
La propuesta legislativa establece que los trabajadores CAS recibirán dos gratificaciones anuales, una por Fiestas Patrias y otra por Navidad, cada una equivalente a una remuneración mensual. Adicionalmente, se incorpora la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS), calculada al 100% de la remuneración mensual por cada año de servicio y pagadera al término del vínculo laboral. Estas incorporaciones representan una mejora significativa en las condiciones laborales de este grupo, pero también un desafío mayúsculo para las finanzas estatales.
El impacto fiscal: S/3.000 millones en cifras
Los datos preliminares sobre el impacto fiscal de esta ley son contundentes. Se calcula que el costo anual de implementar estos beneficios podría bordear los S/3.000 millones. De esta cifra, aproximadamente S/2.000 millones se destinarían a cubrir las gratificaciones, mientras que S/1.000 millones serían para el pago de la CTS. Estas sumas, considerables para el presupuesto nacional, exigen una rendición de cuentas clara sobre cómo se gestionará este nuevo gasto.
La pelota en la cancha del ejecutivo
Tras la aprobación en el Pleno, la ley ha sido remitida al Poder Ejecutivo, que tiene la potestad de promulgarla u observarla. Esta decisión no será menor, pues el Gobierno deberá sopesar las demandas laborales con la responsabilidad fiscal. La pregunta es si el Ejecutivo está preparado para asumir un desembolso de esta magnitud o si, por el contrario, presentará objeciones basadas en la sostenibilidad económica.
Lo que falta aclarar
- ¿Cómo planea el Poder Ejecutivo financiar los S/3.000 millones anuales que implicaría la implementación de esta ley sin comprometer la estabilidad fiscal del país o afectar otras partidas presupuestales esenciales?
- ¿Se ha realizado un estudio detallado sobre la capacidad real del Estado para sostener este gasto a largo plazo, más allá de la aprobación legislativa, y cuál es la opinión técnica del Ministerio de Economía y Finanzas al respecto?
- ¿Qué mecanismos se implementarán para evitar que esta medida genere un efecto dominó, incentivando demandas similares en otros regímenes laborales del sector público y exacerbando aún más el gasto estatal?
- ¿Cuál es el cronograma esperado para una eventual promulgación o, en su defecto, para la presentación de observaciones, y qué criterios primarán en la decisión final del Ejecutivo?
