Crisis energética: un ducto roto desnuda la crónica indolencia del estado
La paralización del transporte de gas desde Camisea expone la vulnerabilidad energética del Perú, la inacción del Gobierno y el costoso abandono del Gasoducto Sur Peruano.
La ruptura del gasoducto que transporta gas natural desde Camisea, Cusco, el pasado 1 de marzo de 2026, operado por Transportadora de Gas del Perú (TGP), ha paralizado sectores económicos clave y afectado el bolsillo de millones de peruanos. Este incidente no es un hecho aislado, sino la cruda revelación de un sistema energético nacional peligrosamente frágil, dependiente de una única arteria para casi la mitad de su generación eléctrica. La respuesta gubernamental, tardía y con “medidas pandémicas” según el texto fuente, ha puesto en evidencia una preocupante falta de previsión y gestión ante una crisis que, según expertos, era totalmente previsible.
Una fragilidad previsible y costosa
El país ha operado con una confianza excesiva, descuidando mecanismos de seguridad energética que eran urgentes desde hace más de 15 años, advierte el exviceministro de Energía, Luis Espinoza. La ley N° 29970, por ejemplo, ya contemplaba la construcción de un ducto paralelo en los primeros 100 kilómetros y una planta de regasificación en Melchorita para asegurar una semana de suministro. Sin embargo, estas previsiones nunca se materializaron, dejando al Perú a merced de un único ducto. Esta vulnerabilidad no solo expone al país a interrupciones críticas, sino que también genera pérdidas económicas colosales, estimadas en US$2,800 millones por los 14 días proyectados de paralización, a razón de US$200 millones diarios, por la necesidad de sustituir gas natural por diésel.
El espectro del gasoducto sur peruano abandonado
La ausencia de una infraestructura alternativa como el Gasoducto Sur Peruano (GSP) es una de las contradicciones más flagrantes de la política energética nacional. Adjudicado durante el gobierno de Ollanta Humala y con un avance del 40%, el proyecto fue cancelado en 2017 tras el escándalo de Odebrecht. Desde entonces, los tubos adquiridos permanecen almacenados, generando un gasto promedio de US$45 millones anuales en supervisión y mantenimiento, una “vergüenza” para el economista Jorge Manco Zaconetti. Pese a que un estudio de la consultora Mott MacDonald ratificó la viabilidad de su ruta, no se ha tomado ninguna decisión para retomar la obra, dejando al sur del país sin el acceso al gas que Lima disfruta a un costo significativamente menor.
Petroperú: ¿un instrumento estratégico debilitado?
La crisis también pone en relieve la situación precaria de Petroperú, una empresa clave para la seguridad energética nacional. El expresidente de la estatal, Alejandro Narváez, señala que la compañía enfrenta una severa falta de liquidez que limita su capacidad operativa, con la Refinería de Talara operando a menos de la mitad de su capacidad (40,000 de 90,000 barriles diarios). Narváez critica que, a pesar de haber registrado un EBITDA positivo de US$13 millones al cierre de 2025, la empresa volvió a números rojos hacia finales de año con el ingreso de José Jerí. El Frente Sindical de Trabajadores Petroleros de Petroperú (FSTPP) denuncia que, en lugar de fortalecerla, el gobierno “liderado por Denisse Miralles” mantiene vigente un Decreto de Urgencia que busca fragmentar a la empresa, comprometiendo su rol en el abastecimiento nacional.
Reservas agotándose, exportaciones intactas
Más allá de la contingencia, el exviceministro Pedro Gamio advierte sobre la ausencia de una planificación energética a largo plazo. Las reservas probadas de gas natural del Perú se han reducido a la mitad en la última década, pasando de 15 TCF en 2013 a cerca de 7 TCF en 2024. Expertos alertan que, sin nuevas exploraciones, el país podría quedarse sin este recurso vital en 15 años. Esta alarmante proyección contrasta con la continuidad del contrato de exportación con Perú LNG, que culmina en 2028 y que al cierre de 2025 generó ingresos por US$1,368 millones, con un volumen exportado equivalente al consumo nacional (620 millones de pies cúbicos diarios).
Lo que falta aclarar
- ¿Cómo justifica el Gobierno que, a una semana de la ruptura del ducto de Camisea, no se haya presentado un plan de contingencia robusto ni un diagnóstico real de la situación, más allá de “medidas pandémicas”?
- ¿Por qué el Estado peruano continúa gastando US$45 millones anuales en la custodia de los tubos del Gasoducto Sur Peruano, un proyecto esencial con un 40% de avance, sin tomar una decisión definitiva para su reactivación?
- En un contexto de crisis energética, ¿cuál es la lógica detrás de la aparente política de debilitamiento financiero y estructural de Petroperú, cuando su fortalecimiento podría ser clave para la seguridad de abastecimiento?
- Ante la drástica reducción de las reservas de gas natural y la continuidad de las exportaciones, ¿cuál es la estrategia gubernamental para garantizar el abastecimiento a largo plazo del mercado interno más allá de 2028?
