Por peculado: condenan a exfuncionarios de Luis Picón y empresario

Un Juzgado de Huánuco sentenció a siete implicados por irregularidades en un proyecto educativo de 2013, pero la ejecución de la pena queda en suspenso. ¿Qué significa esta decisión para la lucha anticorrupción?

Sentencia con ejecución en suspenso: ¿justicia a cuentagotas?

El Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial Permanente de Huánuco ha dictado una sentencia de 9 años y 4 meses de pena privativa de libertad contra seis exfuncionarios de la gestión del expresidente regional Luis Picón Quedo y un empresario, hallados responsables del presunto delito de peculado doloso en agravio del Gobierno Regional de Huánuco. Los condenados son Rogelino Guzmán Jiménez, Jaime Céspedes Roldán, Teresa Pajuelo Vásquez, Francisco Yalico Trujillo, Hilda Ramírez Rivera, Roberto García Cabrera y Celso Claudio Trujillo. Sin embargo, esta condena, que también ordena el pago solidario de S/ 121,588 a favor del Estado, no será ejecutada de inmediato, pues se ha suspendido hasta que la Sala Penal de Apelaciones, en segunda instancia, se pronuncie sobre la resolución N° 12 del 27 de enero de 2026. Esta dilación plantea serias dudas sobre la efectividad y celeridad del sistema judicial.

El origen de la irregularidad: un expediente con múltiples cuestionamientos

La investigación que culminó en esta sentencia se remonta al 17 de mayo de 2013, cuando el Gobierno Regional de Huánuco, bajo la presidencia de Luis Picón, firmó un contrato con el Consorcio Taulligan, representado por Juan Palacios Jiménez, para la elaboración del expediente técnico de la “Ampliación de infraestructura educativa e implementación con mobiliario y equipo escolar en la Institución Educativa n°217 de la localidad de Taulligan”, por un monto de S/ 71,588.24.

Según la acusación fiscal, el desembolso de S/ 71,588.24 se realizó indebidamente, a pesar de que el expediente técnico presentaba reiteradas observaciones, carecía de informes de evaluación favorables del área usuaria y no contaba con la resolución ejecutiva regional de aprobación final. Los entonces funcionarios Rogelino Guzmán Jiménez (director regional de Administración), Jaime Céspedes Roldán (logística), Teresa Pajuelo Vásquez (jefa de Adquisiciones), Francisco Yalico Trujillo (director de contabilidad), junto a Carlos Huamán (tesorería), habrían autorizado y ejecutado las fases de compromiso, devengado, girado y pago en el sistema SIAF a favor de Celso Claudio Trujillo, representante legal de la empresa CRISBE SCRL, operadora tributaria del Consorcio Taulligan.

La red de autorizaciones cuestionadas y un intento fallido de devolución

La acusación detalla cómo se dispusieron y autorizaron, de manera coordinada, una serie de actos administrativos que llevaron a la emisión del comprobante de pago n° 18799 (registro SIAF 00016825) el 28 de febrero de 2014, por el monto total del contrato. Para simular la legitimidad del pago, Celso Claudio Trujillo emitió facturas sin fecha (n° 00027, 00028 y 00029) por montos parciales, sin que existiera la conformidad del servicio requerida.

Además, Hilda Ramírez (evaluadora del proyecto) y Roberto García (subgerente de Estudios) habrían facilitado este desembolso al emitir, en un solo día (31 y 27 de enero de 2014, respectivamente), informes técnicos (02, 03, 04-2014 y 184, 183, 182) que solicitaban el trámite de los pagos, sin contar con la evaluación favorable ni la aprobación del expediente técnico, y sin aplicar las penalidades por mora correspondientes. Tras materializarse el pago total, el empresario Celso Claudio Trujillo cobró el cheque por S/ 71,588.24 el 1 de abril de 2014. Posteriormente, en un aparente intento de devolución parcial, giró un cheque por S/ 50,111.77 a favor del gobierno regional, que fue rechazado por falta de fondos el 23 de mayo de 2014, consolidando así un perjuicio patrimonial al Estado.

Lo que falta aclarar

• Si la investigación por peculado data de mayo de 2013, ¿por qué la sentencia del Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial Permanente de Huánuco, dictada ahora, suspende su ejecución hasta la emisión de una resolución de apelación con fecha tan lejana como el 27 de enero de 2026? ¿Acaso la justicia no puede ser más expedita?
• La acusación fiscal menciona a Carlos Huamán, entonces tesorero, como uno de los funcionarios que autorizó y ejecutó pagos indebidos. Sin embargo, su nombre no figura en la lista final de los siete sentenciados. ¿Cuál es el estatus legal de Carlos Huamán en este proceso?
• El Juzgado ordenó el pago solidario de S/ 121,588 a favor del Estado. Considerando que ya hubo un intento fallido de devolución por parte del empresario Celso Claudio Trujillo, ¿qué mecanismos efectivos se implementarán para garantizar que esta reparación civil sea efectivamente cobrada y no quede solo en el papel?
• ¿Qué responsabilidad política o administrativa se ha determinado o se determinará para Luis Picón Quedo, expresidente regional, bajo cuya gestión ocurrieron estos hechos que han resultado en condenas por peculado? ¿La cadena de mando será investigada a fondo?