Huánuco: Ordenan captura de dirigente sindical por presunta extorsión y banda criminal

Moroni Romero Jaramillo, presidente del Frente de Defensa de Leoncio Prado, enfrenta 18 meses de prisión preventiva por liderar presuntamente una red de extorsión a constructoras en Huánuco.

El sistema judicial de Huánuco ha puesto en marcha un proceso que sacude los cimientos de la dirigencia sindical en la región. El juez Víctor Guzmán Afán, del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de Pillco Marca, ha dictado una orden de ubicación y captura contra Moroni Romero Jaramillo, de 53 años, presidente del Frente de Defensa de la provincia de Leoncio Prado. Esta medida, resultado de un requerimiento de prisión preventiva por 18 meses planteado por el fiscal César Palli Calla, lo vincula directamente con la presunta comisión de los delitos de extorsión agravada y banda criminal.

La red de “Los Constructores de Rupa Rupa”

Según la Primera Fiscalía Penal Corporativa de Huánuco, Moroni Romero Jaramillo sería el cabecilla de la presunta organización criminal denominada “Los constructores de Rupa Rupa”. Esta red, que operaría desde 2019, habría tenido como fin principal la extorsión a empresas constructoras que ganaban licitaciones para obras públicas en Tingo María. Un caso clave es la construcción del puente Tingo María-Castillo Grande, valorizado en 52 millones 092 mil 837 soles, donde el consorcio Puente Tingo habría sido blanco de sus exigencias.

Modus Operandi: Amenazas y “Cuotas Sindicales”

El modus operandi de la presunta banda, según las investigaciones fiscales, era sistemático y coercitivo. Apenas dos días después de la firma del contrato para el Puente Tingo, se habrían dejado sobres con mensajes extorsivos y cartuchos de bala en direcciones vinculadas a los representantes del consorcio. Las comunicaciones interceptadas por la División de Investigación de Alta Complejidad (DIVIAC) revelarían un profundo conocimiento de los movimientos empresariales. Los pagos, que los empresarios presuntamente accedieron a realizar, se habrían camuflado como “cuotas sindicales”, entregándose sumas como S/ 2,400 a Javier Echeverría Villavicencio y S/ 1,200 al propio Moroni Romero. La Fiscalía subraya que Romero Jaramillo, sin ocupar un cargo formal en el sindicato subregional de trabajadores en construcción civil, ejercía una influencia determinante, coordinando y disponiendo acciones ilícitas.

Otros proyectos y presuntos implicados

La magnitud de la presunta red de extorsión no se limitaría al Puente Tingo. La Fiscalía ha identificado que otros proyectos de infraestructura también habrían sido afectados, como el centro de salud de Castillo Grande, valorizado en 21 millones 499 mil soles, y una obra en la Universidad Nacional Agraria de la Selva (UNAS) por 9 millones 728 mil 041 soles. Además de Moroni Romero y Javier Echevarría, la investigación incluye a Diomedes Mendoza Garay, Jesús Toledo Leiva, James John Poves Diaz, Juan Orlando Flores Matías y Guido Salvador Luna Runco, entre otros, quienes, según la hipótesis fiscal, habrían conformado esta estructura criminal desde 2019.

Lo que falta aclarar

• ¿Cómo un dirigente sin cargo oficial en el sindicato subregional de construcción civil lograba ejercer una “injerencia directa” tan significativa, al punto de coordinar acciones ilícitas, según la Fiscalía? ¿Qué mecanismos de control interno fallaron o fueron vulnerados?
• Si los empresarios accedieron a pagar “cupos” disfrazados de cuotas sindicales, ¿cuál fue la real magnitud de la presión o amenaza que los llevó a ceder? ¿Se investiga la posible omisión o inacción de alguna autoridad frente a estas denuncias?
• La existencia de presuntos “trabajadores fantasmas” y el cobro de S/ 100 a cada obrero en las obras de Puente Tingo y Castillo Grande, ¿revela fallas estructurales en la supervisión de proyectos públicos y la fiscalización laboral por parte de entidades como SUNAFIL?
• Considerando que la presunta banda operaría desde 2019 y afectó proyectos millonarios, ¿la investigación contempla la posibilidad de que otras obras o funcionarios públicos estén implicados en esta red de extorsión en Huánuco?