La ley no basta: Más de 70 niñas madres en Perú pese a prohibición de matrimonio infantil
La reciente prohibición del matrimonio de menores de edad en Perú se desmorona ante una cruda realidad: decenas de niñas fueron forzadas a la maternidad en solo dos meses de 2026. Una cifra que expone la inacción y la peligrosa normalización de la violencia.
El Perú se enfrenta a una dura verdad que desvirtúa sus avances legislativos. En apenas los dos primeros meses de 2026, más de 70 niñas, algunas de apenas 14 años, se vieron forzadas a la maternidad. Esta cifra devastadora, revelada por Plan International en el marco del Día Internacional de la Mujer, no solo ignora la Ley N.º 31945 que prohíbe el matrimonio infantil desde finales de 2023, sino que expone la alarmante persistencia de las uniones tempranas y forzadas en el país.
La normalización de la violencia y la indefensión
La cruda realidad se ancla en una peligrosa normalización cultural. Un sondeo de 2025, “Infancias en juego: Uniones tempranas en Perú bajo la lupa”, reveló que un preocupante 25% de la población considera aceptable que una niña o adolescente sea obligada a unirse a su pareja si hay un embarazo. Esta percepción no solo invisibiliza que muchos de estos embarazos son resultado de violencia sexual, sino que condena a las víctimas a convivir, bajo coacción social, con sus propios agresores, disfrazando la agresión como «formación de familia».
El ciclo vicioso: embarazo, unión y abuso
El informe de Plan International dibuja un ciclo perverso donde el embarazo temprano se convierte en el detonante y la condena de estas uniones. A nivel nacional, el 86% de las mujeres que se unieron entre los 10 y 15 años ya eran madres siendo aún menores. Esta cifra se eleva al 90% en zonas rurales, evidenciando una brecha de protección inaceptable. Casos como el de «Flor», forzada a unirse a su agresor a los 15 años y sumida en un espiral de violencia, no son meras anécdotas; son el reflejo de una realidad donde el 82% de las víctimas adolescentes optan por la convivencia informal, una estrategia para evadir la ley y, paradójicamente, perpetuar su vulnerabilidad.
¿Dónde está la respuesta del Estado?
Ante este panorama desolador, Plan International ha sido enfático: es imperativo que tanto las comunidades como el Estado reconozcan las uniones tempranas como una forma de violencia estructural que alimenta la pobreza y el abuso. La organización, que desde noviembre de 2025 impulsa la campaña “Niñas libres de uniones forzadas” en regiones clave como Lima, Cusco, Piura, Loreto y Trujillo, busca desafiar estas prácticas culturales. Sin embargo, la pregunta ineludible es: ¿qué está haciendo el Estado peruano, más allá de la promulgación de una ley, para garantizar que ninguna niña sea forzada a abandonar su infancia por imposiciones comunitarias o embarazos no deseados?
Lo que falta aclarar
- ¿Cómo se explica que, con una ley vigente desde finales de 2023, más de 70 niñas hayan sido madres en los primeros dos meses de 2026? ¿Dónde está la fiscalización?
- ¿Qué estrategias concretas está implementando el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, o las autoridades regionales, para erradicar las uniones tempranas y forzadas que operan al margen de la ley?
- ¿Qué medidas se están tomando para proteger a las adolescentes en situaciones de convivencia informal, que constituyen el 82% de las víctimas, y asegurar que no sean revictimizadas?
- ¿Qué acciones se planifican para desmantelar la normalización cultural que permite que un 25% de la población considere aceptable forzar una unión en caso de embarazo?
