Puerto Inca: Conflicto agrario escala con violencia y constancias bajo sospecha
Familias agricultoras de La Rivera denuncian agresiones y desplazamiento por presuntas constancias de posesión irregulares. La inacción de la Dirección Regional de Agricultura agrava la tensión en la zona.
En el sector La Rivera, provincia de Puerto Inca, región Huánuco, la disputa por tierras agrícolas ha derivado en una alarmante escalada de violencia y amenazas contra las familias que subsisten de la agricultura. El conflicto, que se habría agudizado en 2025 con la aparición de presuntas constancias de posesión ilegales, pone en tela de juicio la capacidad de respuesta de las autoridades y la validez de documentos administrativos clave.
Agresiones recurrentes y un temor creciente
Francisco Córdoba Umbo, presidente comunal de La Rivera, ha denunciado el ingreso de terceros que buscan desplazar a las familias arraigadas en la zona. Según Córdoba Umbo, los agricultores, cuya economía depende de cultivos como papaya, plátano, yuca, maíz y cacao, enfrentan episodios de violencia física y amenazas constantes. “Ya nos quieren matar, nos arrastran y nos golpean; estamos llegando a situaciones extremas”, afirmó el dirigente, evidenciando el grave riesgo para la vida de los pobladores.
Constancias cuestionadas y presunta simulación
El origen de esta confrontación se remonta a 2025, cuando dos individuos, identificados como Zúñiga y Arnaldo, presentaron constancias de posesión sobre los terrenos en disputa. Wilintong Ventura Trinidad, abogado de los afectados, sostiene que estos documentos estarían sustentados en expedientes inexistentes y que las declaraciones de colindantes, planos y firmas serían “simulados”, elaborados únicamente para conferir una apariencia de legalidad. El letrado calificó esta situación como un patrón de presuntas irregularidades administrativas.
La Dirección de Agricultura bajo el ojo crítico
Pese a la existencia de una carpeta fiscal abierta y una solicitud formal de nulidad de las constancias presentada en octubre del año pasado, la Dirección Regional de Agricultura (DRAG) no ha emitido una respuesta de fondo. El abogado Ventura Trinidad cuestiona que la entidad haya esperado hasta diciembre de 2025, fecha en que las constancias caducarían, para supuestamente argumentar que ya no corresponde pronunciarse sobre su nulidad. “Es un argumento evasivo; la nulidad fue solicitada dentro del plazo de ley y se ha evitado deliberadamente resolver el fondo del problema”, sentenció Ventura Trinidad, alertando sobre cómo esta omisión administrativa agrava la conflictividad en La Rivera.
Lo que falta aclarar
- ¿Qué acciones concretas ha tomado la Fiscalía ante las denuncias de violencia y la presunta falsedad de las constancias presentadas?
- ¿Por qué la Dirección Regional de Agricultura optó por el argumento de la caducidad, eludiendo resolver una solicitud de nulidad presentada en el plazo legal?
- ¿Se ha iniciado una investigación sobre los presuntos vínculos entre estos expedientes y la minería ilegal, como sugieren los pobladores de La Rivera?
- ¿Qué garantías de seguridad se ofrecerán a las familias agricultoras mientras el conflicto legal y administrativo sigue abierto y la violencia persiste?
