Fernando Rospigliosi a juicio por difamación: La justicia exige respuestas firmes
El presidente interino del Congreso, Fernando Rospigliosi, enfrentará un juicio oral por presunta difamación contra la exfiscal Delia Espinoza, en un proceso que demanda claridad sobre las graves imputaciones vertidas.
El Poder Judicial ha puesto fecha al inicio de un proceso que promete ser revelador y, a la vez, un examen a la ética política. El martes 3 de marzo a las 2:00 p.m., la jueza Norma Carbajal Chávez dará inicio al juicio oral contra Fernando Rospigliosi, actual presidente interino del Congreso y candidato al Senado por Fuerza Popular, por la querella de presunta difamación interpuesta por la destituida e inhabilitada exfiscal de la Nación, Delia Espinoza Valenzuela. Este caso no solo pone en el estrado las palabras de un político, sino también la responsabilidad de quien ejerce el poder de la opinión pública.
Las implicaciones de un proceso judicial en curso
La jueza Carbajal Chávez ha sido enfática en las condiciones de este juicio virtual. Se ha advertido a Rospigliosi que su inasistencia o abandono de la audiencia lo convertiría en reo contumaz, con la consecuente orden de conducción compulsiva. Del mismo modo, la ausencia de Espinoza Valenzuela implicaría el archivo de la querella. Estas disposiciones, que incluyen una medida de comparecencia simple para Rospigliosi y la exigencia de asistencia para su abogado Humberto Abanto bajo apercibimiento de exclusión, subrayan la seriedad con la que el sistema de justicia aborda este tipo de denuncias. ¿Se está garantizando un proceso equitativo donde todas las partes asuman su responsabilidad con la misma rigurosidad?
El detonante de la querella: graves acusaciones en redes
El origen de este litigio se remonta al 7 de julio, cuando Fernando Rospigliosi utilizó su cuenta en la plataforma X para lanzar una grave imputación contra Delia Espinoza. El político la tildó de «aliada del terrorismo y economías ilegales», basando su afirmación en una reunión de Espinoza con familiares de víctimas de las protestas ocurridas entre diciembre de 2022 y febrero de 2023. Pese a una carta notarial enviada el 10 de julio por la exfiscal exigiendo una rectificación, Rospigliosi no solo se negó, sino que se reafirmó en sus declaraciones. Esta negativa llevó a Espinoza a solicitar una pena de dos años y cuatro meses, además de una reparación civil de un millón de soles. ¿Es esta la forma aceptable de debatir en el espacio público, o se cruzan líneas que atentan contra la honorabilidad de las personas?
La sombra de la inhabilitación planea sobre su candidatura
Más allá de la sanción económica o penal, una posible sentencia condenatoria en primera instancia podría tener un impacto directo en la carrera política de Fernando Rospigliosi. El artículo 43-A de la Constitución Política del Perú es claro: impide la postulación a cargos de elección popular a aquellas personas sobre quienes recaiga una sentencia de este tipo, en calidad de autoras o cómplices de un delito doloso. Con Rospigliosi como candidato al Senado por Fuerza Popular, el juicio no solo dirime una disputa personal, sino que podría reconfigurar el escenario electoral. ¿Está la ciudadanía preparada para que figuras políticas con acusaciones de esta magnitud continúen aspirando a cargos públicos sin una resolución definitiva?
Lo que falta aclarar
- ¿Qué pruebas concretas presentará Fernando Rospigliosi para sustentar su acusación de que Delia Espinoza es «aliada del terrorismo y economías ilegales», dadas las graves implicaciones de tales afirmaciones?
- ¿Cuál es el estándar de responsabilidad que los medios digitales y figuras públicas deben asumir al difundir acusaciones tan serias a través de plataformas como X?
- ¿Cómo impactará este proceso judicial en la percepción de los votantes sobre la idoneidad de Fernando Rospigliosi para un cargo en el Senado, especialmente si la sentencia es adversa en primera instancia?
- Más allá del aspecto legal, ¿qué mensaje envía este juicio a la clase política peruana sobre los límites de la crítica y la necesidad de basar las imputaciones en hechos verificables?
