Amarilis: Procuraduría denuncia a funcionarios por presunta compra irregular de vehículos

La Procuraduría Anticorrupción ha solicitado diligencias preliminares contra exfuncionarios de la Municipalidad de Amarilis por supuestas irregularidades en la adquisición de vehículos, que habrían generado un perjuicio económico al Estado.

La Procuraduría Pública Anticorrupción Descentralizada del Distrito Judicial de Huánuco, representada por Krupskaia Beraun Aguirre, ha presentado una denuncia formal ante la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Huánuco. La acción busca el inicio de diligencias preliminares contra exfuncionarios de la Municipalidad Distrital de Amarilis por la presunta comisión del delito de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo. El caso, que data del 8 de julio de 2025, según el informe de control, se centra en supuestas irregularidades detectadas en la adquisición de vehículos para la Gerencia de Sostenibilidad Ambiental durante el año 2023.

Designaciones cuestionadas

La denuncia, de 48 páginas, señala directamente a Roy Eleodoro Benel Meza, en su entonces cargo de gerente municipal, Viviana Sangama Flores, presidenta del comité de Selección, y Mirko Eduardo Ávila Camacho, integrante del mismo comité, entre otros posibles responsables. Según el informe del Órgano de Control Institucional (OCI) de Amarilis y la Contraloría General de la República, Benel Meza habría propuesto y suscrito la solicitud para integrar el comité de Selección, designando a Mirko Ávila como primer miembro. Esta acción es cuestionada porque la designación correspondía al área usuaria (Gerencia de Sostenibilidad Ambiental) y no al gerente municipal. Además, se subraya que Ávila Camacho no tenía vínculo laboral con la municipalidad ni los conocimientos técnicos necesarios para la adquisición de vehículos, siendo ingeniero civil, una profesión que, según el informe, no guarda relación directa con el objeto de la compra. Estas conductas habrían contravenido la Ley de Contrataciones del Estado.

Proceso irregular y falta de quórum

El informe detalla que los miembros del comité de Selección habrían obviado procedimientos y plazos establecidos, lo que habría beneficiado a postores específicos. Se señala que Viviana Sangama, entonces gerente de Sostenibilidad Ambiental y miembro del comité, instaló el comité con el segundo miembro Ceferino Beraun, y suscribió el acta de instalación del 1 de agosto, a pesar de la presunta falta de quórum necesario para su funcionamiento. La celeridad con la que actuaron los integrantes del comité también es puesta en tela de juicio, ya que, según el informe, aprobaron las bases administrativas en lugar de las bases integradas, lo que sugiere una posible complicidad entre los involucrados.

Beneficios indebidos y perjuicio al erario

Una de las principales acusaciones es que el comité de Selección, presuntamente designado de manera irregular, habría otorgado puntaje adicional a la empresa J&L Metal Group SAC por la oferta de disponibilidad de servicios y repuestos en la región Huánuco o Pasco. Más grave aún, se les imputa haber obviado la solicitud de una reducción en la oferta económica de la empresa, que ascendía a S/ 2’573,600 (S/ 1’745,110 por camiones compactadores y S/ 828,500 por el camión volquete), superando el monto estimado de S/ 2’512,941.58 considerado por la entidad. Estas acciones habrían generado un perjuicio económico al Estado de S/ 77,981.94, afectando el correcto funcionamiento de la administración pública.

Lo que falta aclarar

• ¿Cómo se justificó la designación de un ingeniero civil, sin vínculo laboral directo, para un comité de selección de vehículos, contraviniendo la normativa de contrataciones?
• ¿Por qué el comité de Selección procedió con la instalación y aprobación de documentos sin el quórum reglamentario, y quién es el responsable de no verificar esta condición esencial?
• ¿Qué criterios llevaron al comité a no exigir la reducción de la oferta económica de la empresa ganadora, a pesar de que esta superaba el valor estimado por la municipalidad, generando un perjuicio al erario público?
• ¿Qué medidas concretas se adoptarán para asegurar la recuperación del monto presuntamente malversado y sentar un precedente ante futuras irregularidades en la administración pública de Amarilis?