Albergue de congresista Jáuregui bajo la lupa fiscal: ¿Protección o exposición de menores?
La Fiscalía ha iniciado una investigación por presunta contravención de derechos en ‘La Casa del Padre’, gestionada por la legisladora Milagros Jáuregui, tras el reporte de exposición de menores víctimas de abuso sexual.
La Fiscalía Provincial de Familia de La Molina-Cieneguilla ha puesto en marcha una investigación preliminar que coloca bajo escrutinio al centro de acogida residencial ‘La Casa del Padre’, ubicado en Cieneguilla y vinculado a la congresista de Renovación Popular, Milagros Jáuregui de Aguayo. El pasado jueves, una visita inopinada de las autoridades fiscales se realizó en el marco de una indagación por la presunta contravención a los derechos de niñas, niños y adolescentes, específicamente tras cuestionamientos sobre la exposición de menores que son víctimas de abuso sexual. Esta situación exige una inmediata rendición de cuentas por parte de la legisladora y pastora evangélica.
¿Dónde estaba la supervisión previa?
La diligencia, dispuesta por el fiscal provincial Genaro Solís Quispe, tuvo como objetivo primordial constatar el cumplimiento de las obligaciones legales del albergue en la protección de la identidad, dignidad, privacidad y desarrollo integral de las menores, muchas de ellas en situación de especial vulnerabilidad. Durante la intervención, se verificó la presencia de 29 adolescentes y siete bebés, cuya situación será evaluada. La pregunta fundamental es: ¿cómo se garantizaban estos derechos antes de la intervención fiscal? ¿Qué mecanismos de supervisión estaban operativos y por qué la acción llega solo ahora, cuando las menores ya habrían sido expuestas públicamente?
Protocolos de confidencialidad bajo escrutinio
La Fiscalía también revisó de manera exhaustiva los protocolos internos del albergue relacionados con la confidencialidad, la protección de la imagen de las menores y la difusión de actividades institucionales, así como las medidas implementadas para prevenir la revictimización. Se solicitó, además, documentación institucional pertinente. La revisión de estos aspectos esenciales levanta sospechas sobre su correcta aplicación o incluso su existencia previa. ¿Es concebible que un centro de acogida para víctimas de abuso no tuviera protocolos robustos y claros en estas materias, o que estos fueran insuficientes?
Lo que falta aclarar
- ¿Qué tipo de «exposición» de menores es la que ha motivado esta investigación y qué responsabilidades directas recaen sobre la congresista Milagros Jáuregui en este contexto?
- ¿Por qué solo ahora, tras conocerse la presunta exposición de menores, la Fiscalía decide intervenir el albergue de una figura pública como la congresista Jáuregui? ¿Hubo alertas previas que no fueron atendidas?
- ¿Qué medidas concretas tomó la congresista Jáuregui para asegurar la no revictimización y la protección de la identidad de los 29 adolescentes y 7 bebés antes de esta investigación? ¿Se identificaron fallas graves en los protocolos de confidencialidad y protección de imagen durante la visita, o la Fiscalía solo solicitó documentación sin hallazgos inmediatos?
- ¿Cuál es el estatus actual de las 29 adolescentes y 7 bebés? ¿Se ha garantizado su protección inmediata ante las presuntas contravenciones identificadas?
