Indecopi advierte multas millonarias a colegios que impogan utiles y uniformes de marca

Pese a sanciones que superan los S/2.4 millones, la imposición de útiles y uniformes de marca sigue siendo una práctica recurrente. ¿Quién protege realmente el bolsillo de los padres?

Acoso económico en el inicio de clases

A pocas semanas del inicio del año escolar, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) ha vuelto a recordar a los colegios privados su obligación de respetar la libre elección de los consumidores. La entidad insiste en que ninguna institución educativa puede coaccionar a los padres a comprar uniformes o útiles en tiendas específicas ni a elegir marcas determinadas, una práctica que, pese a las advertencias, parece resistirse a desaparecer del panorama educativo peruano.

Sanciones Reincidentes, ¿Efectividad Cuestionable?

Indecopi ha establecido que las instituciones que condicionen la compra de materiales o uniformes a proveedores exclusivos pueden enfrentar multas de hasta 450 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), lo que actualmente supera los S/2.475.000. Sin embargo, la gravedad de estas cifras contrasta con la persistencia del problema. Entre 2021 y 2025, se registraron 647 sanciones por infracciones similares, sumando penalidades económicas por más de 1.189 UIT. Estas cifras, lejos de ser un disuasivo definitivo, parecen ser un costo operativo para algunos centros educativos, mientras las familias siguen siendo las principales afectadas.

Más Allá de la Marca: Restricciones que se Ignoran

La problemática va más allá de la imposición de marcas. Indecopi también ha subrayado otras normativas que los colegios privados deben acatar. Se prohíbe exigir la entrega total de la lista de útiles al inicio de clases, otorgando un plazo mínimo de 30 días calendario para su presentación gradual. Además, los materiales o equipos solicitados deben tener una relación directa con el proceso de aprendizaje, y se permite el uso de libros de segunda mano, salvo aquellos cuadernos de trabajo que por su naturaleza sean de un solo uso. La participación de los apoderados en la selección de textos es otro derecho que a menudo se ve vulnerado, según reportes de prensa como los del diario La República.

El Impacto en la Economía Familiar: ¿Quién Responde?

Con un gasto estimado en implementos escolares que puede fluctuar entre S/600 y S/1.200 por estudiante, según proyecciones gremiales, cualquier práctica abusiva por parte de los colegios representa un golpe directo al presupuesto familiar. La advertencia de Indecopi, aunque necesaria, plantea la pregunta sobre la efectividad real de la supervisión y las sanciones frente a la realidad de un mercado educativo que, para muchos, sigue operando con poca transparencia y escasa rendición de cuentas. La capacidad de las familias para reclamar, aunque existe, se ve a menudo limitada por el tiempo y el desconocimiento.

Lo que falta aclarar

• Si las multas pueden alcanzar hasta S/2.475.000 y se han aplicado sanciones por más de 1.189 UIT en un periodo reciente (2021-2025), ¿por qué estas prácticas abusivas persisten con tanta frecuencia en los colegios privados? ¿La estrategia de Indecopi es realmente disuasoria?
• ¿Qué mecanismos proactivos implementa Indecopi para fiscalizar a los centros educativos, más allá de esperar las denuncias de padres que a menudo temen represalias contra sus hijos?
• Dada la recurrencia de estas infracciones, ¿se ha evaluado la posibilidad de medidas más contundentes que garanticen una protección efectiva y no solo reactiva para los derechos de los consumidores en el sector educativo?
• ¿Existe una campaña de difusión efectiva para que todos los padres, especialmente en zonas vulnerables, conozcan sus derechos y los canales de denuncia ante Indecopi?