Denuncia penal contra cúpula del INPE por filtración de fotos de la celda de Castillo
El expresidente Pedro Castillo formalizó una denuncia penal contra la presidenta del INPE y el director de seguridad por la difusión de imágenes de su celda. El caso, que se suma a reclamos similares de otros exmandatarios, expone la fragilidad de la seguridad penitenciaria y la intimidad de los reclusos en el Perú.
El expresidente Pedro Castillo Terrones, quien cumple prisión preventiva en el Penal Barbadillo, ha formalizado una contundente denuncia penal contra Shadia Elizabeth Valdez Tejada, presidenta del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), y Henry García Malpartida, director de seguridad de la sede central. La acción legal, presentada por su abogado Walter Ayala ante la Fiscalía Provincial Penal de Turno de Lima, surge tras la difusión masiva en medios de comunicación de imágenes de su celda, lo que, según el documento judicial, constituye una presunta violación de la intimidad, revelación de información reservada, abuso de autoridad e incumplimiento de deberes funcionales. ¿Es esta una filtración aislada o la evidencia de una falla sistémica en la institución encargada de la custodia de la justicia?
Un patrón preocupante: ¿Casos aislados o política institucional?
La denuncia de Castillo no es un hecho aislado. Se inscribe en un patrón de quejas similares por parte de otros exmandatarios recluidos. Ollanta Humala y Martín Vizcarra también han sido afectados por la exposición pública de imágenes de operativos de requisa realizados por el Grupo de Operaciones Especiales del INPE (Goes). Vizcarra denunció presunto abuso de autoridad tras ser sometido a tres requisas en menos de 24 horas, mientras que la defensa de Humala ha sostenido que el derecho a la intimidad no debería ser limitado, incluso bajo sentencia. Ambos exmandatarios han cuestionado la difusión de estas imágenes, sugiriendo que podrían actuar como un distractor político. ¿Hasta cuándo el INPE permitirá que la intimidad de los reclusos se convierta en espectáculo público?
La respuesta del INPE: ¿Transparencia o evasión?
Ante la creciente controversia, el INPE ha anunciado el inicio de un proceso interno para «esclarecer responsabilidades» y determinar cómo se filtraron las fotografías. Luis Alberto Vega, gerente general de la institución, explicó que se ha solicitado información al director del establecimiento y que la Dirección de Asuntos Internos ha asumido la competencia para los procedimientos disciplinarios. Sin embargo, el instituto ha asegurado que mantendrá una «postura técnica» y se abstendrá de pronunciarse sobre posibles implicancias políticas. Esta afirmación levanta serias preguntas: ¿Es posible abordar una vulneración de derechos fundamentales y una evidente falla de seguridad sin considerar sus implicancias políticas, especialmente cuando afecta a figuras de alto perfil? ¿Es la «postura técnica» una excusa para eludir la rendición de cuentas?
Lo que falta aclarar
- ¿Qué medidas concretas y urgentes implementará el INPE para garantizar que la intimidad de los reclusos, sea cual sea su condición, no sea nuevamente vulnerada y expuesta públicamente?
- Si las filtraciones afectan a múltiples exmandatarios, ¿por qué los «procesos internos» del INPE no han logrado identificar y sancionar a los responsables de manera efectiva hasta ahora?
- ¿Cómo el INPE concilia su «postura técnica» con la necesidad de asumir responsabilidad política por la recurrente violación de derechos fundamentales dentro de sus propias instalaciones?
- ¿Se investigará a fondo la posibilidad de que estas filtraciones busquen, como señalan los afectados, desviar la atención pública de otros asuntos, y quién se beneficiaría de ello?
