Perú: Ruptura con Francia desata crisis de credibilidad y riesgo arbitral
La decisión unilateral de Provías Nacional de resolver el contrato con PMO Vías, brazo técnico del acuerdo G2G con Francia, sumerge al país en un complejo escenario diplomático y legal, con graves implicancias para la infraestructura y la confianza internacional.
El régimen interino de José Jerí, a través de Provías Nacional, entidad adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), ha resuelto de manera unilateral el contrato con PMO Vías. Esta oficina de gestión de proyectos, que opera como el brazo técnico del acuerdo de gobierno a gobierno (G2G) firmado entre Perú y Francia en 2021, tenía a su cargo la ejecución de obras cruciales como la Nueva Carretera Central y la Vía Expresa Santa Rosa. La medida, que el MTC defiende como no extintiva del acuerdo con Francia, ha generado un fuerte rechazo entre especialistas, quienes alertan sobre un inminente arbitraje internacional y la paralización de proyectos vitales.
La ambigua «vigencia» del acuerdo
Mientras el MTC insiste en que el acuerdo G2G con Francia «sigue vigente», la realidad contractual parece desmentir esta afirmación. La exministra de Transportes, Paola Lazarte, ha sido enfática al señalar que «resolver el contrato con PMO Vías equivale a extinguir el acuerdo con Francia». Según Lazarte, la empresa EGIS firmó en representación del Estado francés, y Provías Nacional por parte del Estado peruano. En tal esquema, «no existe una figura en la que tú le rescindes el contrato solo al representante legal sin afectar a quien representa», lo que pone en tela de juicio la postura oficial del Gobierno.
¿Excusa o fundamento? La cláusula anticorrupción en entredicho
La justificación esgrimida por el Gobierno para la resolución unilateral apela a la cláusula anticorrupción del contrato. Sin embargo, esta base ha sido severamente cuestionada. Lazarte puntualizó que la causa de resolución se vincula a «un caso de corrupción de una filial de EGIS en otro país y en otro proyecto, incluso previo a la firma del acuerdo», exigiendo que tales acusaciones estén debidamente acreditadas por condenas judiciales o reconocimientos formales ante el Ministerio Público peruano. El experto en arbitrajes Edgar Zúñiga Morán, por su parte, considera que la posición del Estado es «vulnerable», dado que invocar la cláusula ahora, tras haber continuado la ejecución con presunto conocimiento de los hechos, debilita la defensa peruana bajo la «doctrina de los actos propios». Zúñiga califica el oficio de Provías como «gaseoso» y poco sólido, sugiriendo que un tribunal arbitral podría interpretarlo como una «excusa», especialmente tras declaraciones de la ministra de Economía, Denisse Miralles, sobre la falta de recursos para estos proyectos.
Un escenario de arbitraje y parálisis
Las consecuencias de esta decisión son múltiples y de alto riesgo para el país. La exministra Lazarte advierte que la señal enviada al mercado internacional es devastadora: «el Perú no cumple sus contratos y […] la estabilidad jurídica es periódico de ayer». Zúñiga Morán subraya el riesgo de un arbitraje internacional inminente, no contra el MTC, sino directamente contra el Estado peruano. Además, prevé demandas de «un número considerable de empresas subcontratadas, peruanas y extranjeras», que ya venían trabajando en estudios y etapas previas. El desenlace más crítico es la «paralización efectiva de las obras», dejando en suspenso la construcción de infraestructura vital para el desarrollo del país.
La polémica medida cautelar y otros proyectos en la mira
Un detalle que no pasa desapercibido es la aprobación, apenas un día antes de la resolución del contrato con Francia, de un decreto ejecutivo que limita el uso de medidas cautelares en los arbitrajes. Esta norma reduce significativamente la capacidad de las empresas para frenar decisiones estatales mientras se resuelven disputas contractuales, especialmente en proyectos de salud e infraestructura vial. Para Lazarte, esta coincidencia no es menor, y advierte que el Gobierno ya estaría evaluando aplicar esta lógica a otros acuerdos G2G, mencionando comunicaciones al gobierno de Japón para el Eje Vial 4 en Amazonas, y posibles movimientos para Majes Siguas y Chavimochic.
Lo que falta aclarar
- ¿Cuál es la prueba concreta y judicialmente acreditada de los actos de corrupción que justifican la resolución unilateral del contrato con PMO Vías, tal como exige la exministra Lazarte?
- ¿Por qué el MTC insiste en que el acuerdo G2G con Francia sigue vigente si, según los especialistas, la resolución del contrato con su representante técnico lo anula en la práctica?
- ¿Qué gestiones diplomáticas previas se realizaron con el Estado francés antes de optar por la resolución unilateral, considerando las implicancias de imputar corrupción a un Estado aliado?
- ¿Cómo garantizará el Gobierno la continuidad de obras de infraestructura tan críticas como la Nueva Carretera Central y la Vía Expresa Santa Rosa ante la inminente paralización y los arbitrajes internacionales que se avecinan?
