La caída de Cruces: Gobernador de Tumbes detenido por presunto lavado de activos
La detención preliminar de Segismundo Cruces Ordinola por lavado de activos expone la fragilidad de la gobernanza regional y la presunta infiltración criminal en el Estado.
El arresto de Segismundo Cruces Ordinola, gobernador regional de Tumbes, en la noche del jueves 5 de febrero en Lima, marca otro inquietante capítulo en la recurrente saga de la corrupción en la administración pública peruana. La acción coordinada entre el Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú lo señala como el presunto cabecilla de una organización dedicada al lavado de activos, una acusación que, de confirmarse, dejaría en evidencia la profundidad de la infiltración criminal en las estructuras del Estado.
Un operativo a escala nacional: ¿Dónde estaba la supervisión?
La detención de Cruces, ordenada por la Fiscalía Especializada en Delitos de Lavado de Activos de Tumbes, fue el punto culminante de un megaoperativo que se extendió por cuatro ciudades: Lima, Tumbes, Trujillo y Chiclayo. La medida incluye una detención preliminar de 15 días y el allanamiento de 16 inmuebles, tres de ellos directamente vinculados al gobernador. Este despliegue masivo, que se prolongó hasta la mañana del viernes 6 de febrero, ¿no revela una falla sistémica en la detección temprana de estas actividades ilícitas? ¿Cómo es posible que una presunta red de tal magnitud opere bajo las narices de los entes de control durante tanto tiempo?
El entramado de confianza y poder bajo sospecha
La investigación fiscal no se limita al gobernador. El mandato judicial del Juzgado de Investigación Preparatoria Transitorio de Tumbes también alcanza a su entorno más cercano, con órdenes de detención para su pareja sentimental, Zoila Cuéllar Garay, y otros colaboradores como Luis Peña Alburquerque, Carmen Guerrero Jaime y Lauren Egusquiza Flores. Los allanamientos se extendieron a propiedades de figuras como Britty López León, candidata de Alianza Para el Progreso. La incautación de predios y al menos seis vehículos de alta gama a nombre de las hermanas Cuéllar y Egusquiza en Cerro Blanco y Chiclayo, ¿es solo la punta del iceberg de una red que se valía de testaferros para blanquear capitales?
La corrupción enquistada: ¿Patrón sin fin?
El Ministerio Público describe este caso como el intento de desarticular una «red de corrupción enquistada en la administración pública regional». Esta declaración, aunque contundente, resuena con demasiada familiaridad en el panorama político peruano. La recurrente aparición de este tipo de estructuras criminales en los gobiernos regionales exige una reflexión profunda: ¿Qué mecanismos fallan repetidamente para permitir que estos esquemas se consoliden? ¿Qué garantías tienen los ciudadanos de que sus recursos no están siendo desviados para enriquecer a funcionarios y sus allegados? La fase de recolección de pruebas es crucial, pero la confianza ciudadana ya está gravemente comprometida.
Lo que falta aclarar
- ¿Desde cuándo el Ministerio Público tenía conocimiento de esta presunta organización criminal y qué acciones previas se tomaron antes de este megaoperativo?
- ¿Qué auditorías internas o externas se realizaron al Gobierno Regional de Tumbes en los últimos años y por qué no detectaron las presuntas irregularidades?
- ¿Cuál es el monto estimado del dinero presuntamente lavado y cómo afectó esto la ejecución de obras y servicios públicos en la región de Tumbes?
- ¿Qué implicancias políticas tiene la mención de Britty López León, candidata de Alianza Para el Progreso, en el marco de esta investigación, y qué responsabilidades se le atribuyen específicamente?
