PNP detiene a 102 en megaoperativo contra extorsión: ¿Un golpe real o solo un parche?
La Policía Nacional anuncia la desarticulación de diez bandas criminales en Lima, con 102 detenidos. Sin embargo, las cifras y la persistencia de la violencia abren interrogantes sobre la verdadera efectividad de estas acciones en el marco del estado de emergencia.
En un amplio despliegue que abarcó Comas, Huaycán y Pucusana, la Policía Nacional del Perú (PNP) anunció la detención de 102 personas y la desarticulación de diez presuntas bandas criminales dedicadas a la extorsión y el tráfico de terrenos. La operación, enmarcada en el estado de emergencia vigente, busca proyectar una imagen de control territorial, pero ¿es este un golpe estructural o una respuesta reactiva que no aborda las raíces del problema?
Extorsión y antecedentes: las detenciones en Comas y Huaycán
En Comas, la PNP informó la captura de Jhoan Cayo y Edgar Huamaccto, este último con un historial de robo agravado y usurpación de identidad. Durante la intervención, se incautaron una granada de guerra, cinco teléfonos celulares y un vehículo. Paralelamente, en Huaycán, se detuvo a Cynthia Antezana, Juan Ludeña y Maxi Antezana, presuntos miembros de “Los Injertos del Cono Este”, señalados por exigir S/ 20 000 a un comerciante mayorista de frutas bajo amenazas de muerte. El General PNP Francisco Vargas Andonaire, jefe de la Región Policial Lima, enfatizó que estas acciones buscan proteger a los ciudadanos, pero la recurrencia de los nombres en la crónica policial obliga a preguntar sobre la verdadera capacidad del sistema para mantener a estos individuos tras las rejas.
Pucusana: el tráfico de terrenos y la sombra de «El Ingeniero»
La intervención en Pucusana revela una preocupante dinámica: tras un incendio que devastó 30 viviendas, la PNP detuvo a 70 personas, presuntamente vinculadas a “alias El Ingeniero”, a quienes se les acusa de usurpar terrenos estatales para su venta ilegal y extorsionar a vecinos que se resistían a pagar “cupos”. Se incautaron cuatro armas de fuego. Este escenario plantea una pregunta ineludible: ¿cómo es posible que un incendio de tal magnitud y la posterior detención de un grupo tan numeroso no conduzcan a la captura del presunto cabecilla, “El Ingeniero”, cuyo nombre resuena en la zona?
¿Coordinación interinstitucional o simple presencia?
El despliegue contó con más de 280 efectivos policiales, 20 miembros del Ejército y personal de Migraciones en Breña y otros puntos estratégicos. La supervisión de funcionarios como Raúl García Loli, viceministro de Comunicaciones, y Joel Escalante, director de Prevención y Conflictos Sociales del Ministerio del Interior, buscó reforzar la imagen de un Estado presente. Sin embargo, ¿cuál fue el rol específico y efectivo de cada institución en la estrategia operativa, más allá de la mera supervisión? La participación del Ejército y Migraciones en operativos policiales de este tipo, aunque justificada por el estado de emergencia, requiere una explicación clara de su valor añadido para la seguridad ciudadana.
Lo que falta aclarar
- ¿Cuál es el estatus legal de los 75 detenidos que no contaban con requisitoria vigente? ¿Se les imputarán cargos sólidos o serán liberados en breve, reincidiendo en la criminalidad?
- ¿Qué acciones concretas se están tomando para desmantelar la estructura financiera y logística detrás de estas presuntas bandas, más allá de la detención de sus operarios?
- ¿Por qué “alias El Ingeniero”, presunto cabecilla del tráfico de terrenos en Pucusana, no fue capturado en un operativo que involucró a 70 de sus presuntos colaboradores? ¿Qué tan lejos está la justicia de los verdaderos cerebros criminales?
- ¿Cómo se evaluará la efectividad a largo plazo de estos megaoperativos, más allá del conteo inicial de detenidos, en un contexto de estado de emergencia que aún no muestra una reducción sustancial de la criminalidad?
