Irán autoriza licencias de motocicleta para mujeres: ¿Un ‘derecho’ ganado o una concesión calculada ante la represión?
El gobierno iraní autoriza licencias de motocicleta para mujeres tras años de ambigüedad. Pero, ¿es una genuina apertura o una maniobra calculada para aplacar las protestas y desviar la atención de la brutal represión que sigue cobrando vidas?
En un movimiento calificado de “histórico” por medios estatales, el Gobierno de Irán ha emitido un decreto que, por primera vez, autoriza a las mujeres a obtener licencias de conducción de motocicletas. La disposición, validada por el vicepresidente primero, Mohamad Reza Aref, y aprobada por el Consejo de Ministros a finales de enero, busca poner fin a una prolongada ambigüedad legal y administrativa. Sin embargo, en un país marcado por la represión de protestas y graves acusaciones de violaciones a los derechos humanos, surge la pregunta inevitable: ¿esta medida representa un avance real hacia la igualdad o es una estrategia política para gestionar la presión interna y externa?
Una ambigüedad con consecuencias
Durante años, la legislación iraní no prohibía explícitamente la entrega de licencias de motocicleta a mujeres. No obstante, en la práctica, las autoridades negaban sistemáticamente estos permisos, sumiendo a las conductoras en un limbo jurídico. Esta falta de claridad no solo impedía el acceso efectivo a un medio de transporte vital para la movilidad urbana, sino que exponía a las mujeres a responsabilidades legales y sanciones en caso de incidentes viales, incluso si no eran culpables. La ausencia de una normativa clara creó un escenario de inseguridad y discriminación silenciosa que, hasta ahora, el gobierno había optado por no resolver.
Requisitos ‘igualitarios’ bajo escrutinio
La nueva normativa estipula que las mujeres deberán completar formación práctica y superar evaluaciones supervisadas por la Policía de Tráfico, requisitos que se presentan como equivalentes a los exigidos a los hombres. Según IRIB, la instrucción será impartida bajo supervisión policial para asegurar la uniformidad en los criterios de examen y validación de habilidades. Si bien la formalización del proceso elimina la interpretación discrecional de las autoridades locales, la exigencia de cumplir estándares “iguales” tras años de negación arbitraria plantea interrogantes sobre la verdadera naturaleza de esta “igualdad”. ¿Es suficiente con homologar pruebas cuando el acceso al derecho fundamental ha sido sistemáticamente obstaculizado?
El eco de la represión: un contexto ineludible
La decisión del gobierno iraní no puede desvincularse del turbulento contexto social y político que vive el país. Este cambio normativo se produce en medio de una ola de protestas que, originadas por la crisis económica, escalaron hasta convertirse en demandas de derechos civiles. Las autoridades iraníes, según Europa Press, atribuyeron estas manifestaciones a grupos “terroristas” con apoyo de Estados Unidos e Israel. Sin embargo, la realidad de la represión es innegable: Human Rights Activists in Iran documentó la alarmante cifra de 6.872 fallecidos, incluyendo 6.443 manifestantes y 156 menores de edad. En este escenario de brutalidad, ¿cómo se concilia la “concesión” de un derecho con la sistemática violación de otros derechos fundamentales y la represión violenta de la disidencia?
Lo que falta aclarar
- Si no existía una prohibición legal explícita, ¿por qué las autoridades iraníes negaron sistemáticamente las licencias de motocicleta a las mujeres durante tanto tiempo, creando un vacío legal perjudicial?
- ¿Qué garantías existen de que la implementación de esta medida no será discrecional, como ocurrió en el pasado, y que las mujeres podrán ejercer este derecho sin obstáculos burocráticos o sociales encubiertos?
- ¿Es esta medida un paso genuino hacia la igualdad de género, o una estrategia para desviar la atención de las demandas más amplias de derechos civiles y las graves violaciones reportadas por organizaciones de derechos humanos?
- Ante la documentación de 6.872 muertes durante las protestas, ¿cómo justifica el gobierno iraní la represión violenta mientras proclama avances en derechos civiles con este decreto?
