Blindaje descarado: Gálvez cierra caso Benavides y JNJ por intento de reposición
La Fiscalía Suprema interina, a cargo de Tomás Gálvez, archivó la investigación penal por la polémica resolución 231 de la JNJ, que buscaba restituir a Patricia Benavides en junio de 2025, generando serias interrogantes sobre la oportunidad y justificación de la decisión.
En una decisión que levanta más cuestionamientos que certezas, el fiscal supremo interino Tomás Gálvez resolvió archivar la investigación penal contra Patricia Benavides y los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) por el intento de reponerla como Fiscal de la Nación, un hecho que, según el propio expediente, estaba previsto para junio de 2025. Esta disposición cierra la puerta a cualquier responsabilidad penal, dejando sin efecto la posibilidad de denuncias constitucionales o procesos penales vinculados a la controversia generada por la Resolución 231.
El archivo de una resolución polémica
La investigación archivada se centraba en la Resolución 231, aprobada por el pleno de la JNJ el 16 de junio de 2025, la cual tenía como objetivo restituir a Patricia Benavides al frente del Ministerio Público. Dicha medida, que nunca llegó a ejecutarse y fue posteriormente anulada, fue objeto de severas críticas desde diversos frentes políticos y judiciales. A pesar de la polémica, el fiscal Gálvez ha concluido que los hechos derivados de esta actuación no constituyen delito, descartando así cualquier responsabilidad penal para los magistrados de la JNJ y la exfiscal de la Nación.
Una decisión en un momento clave
La emisión de este archivo por parte de Tomás Gálvez se produjo apenas dos días antes de que la fiscal suprema Delia Espinoza enfrentara una audiencia disciplinaria ante la JNJ, celebrada el 22 de enero. Esta proximidad temporal ha encendido las alarmas en el sistema de justicia, dadas las implicaciones directas entre los hechos investigados y el proceso disciplinario en curso que podría derivar en la destitución de Espinoza. La tensión entre Espinoza y la presidenta de la JNJ, María Teresa Cabrera, durante dicha audiencia, solo subraya el delicado contexto institucional en el que se inscribe esta decisión fiscal.
Blindaje penal y la sombra de la impunidad
El cierre de esta investigación implica que todos los integrantes de la JNJ que votaron y firmaron la Resolución 231, así como Patricia Benavides, quedan eximidos de cualquier imputación penal. Con esta medida, el caso se da por concluido en el Ministerio Público, impidiendo su reapertura o cualquier acción penal o constitucional futura relacionada con los hechos de junio de 2025. A pesar de la “crisis institucional” y los “cuestionamientos públicos” que generó la actuación de la JNJ en ese episodio, la disposición fiscal sostiene que no puede ser judicialmente cuestionada en la vía penal, blindando un capítulo que sigue generando profunda desconfianza en la ciudadanía.
Lo que falta aclarar
- ¿Cómo es posible archivar una investigación penal por hechos que, según el propio expediente fiscal, están programados para ocurrir en junio de 2025?
- ¿Qué tipo de elementos de convicción se evaluaron para determinar la “falta de elementos suficientes” sobre un evento que aún no ha sucedido, o si ya ocurrió, por qué la fecha en el documento oficial es futura?
- ¿Qué impacto tiene la coincidencia de este archivo con la audiencia disciplinaria de la fiscal Delia Espinoza en la percepción de independencia y la ausencia de presiones en las decisiones del Ministerio Público?
- Si la Resolución 231 generó una “crisis institucional” y “cuestionamientos públicos” severos, ¿es la simple declaración de “no delito” suficiente para restaurar la confianza en la actuación de la JNJ y el sistema de justicia?
