Fiscalía investiga al presidente José Jerí en medio de un escándalo que desnuda la precariedad ética del poder

El Gobierno atraviesa uno de sus momentos más críticos desde el inicio de su gestión. La Fiscalía de la Nación abrió una investigación preliminar contra el presidente de la República, José Jerí, tras revelarse una secuencia de reuniones ocultas, reiteradas y sin registro oficial con el empresario chino Zhihua Yang. Lejos de tratarse de un episodio aislado o de una simple “torpeza política”, el caso expone un patrón de conducta que compromete seriamente la transparencia del más alto cargo del Estado.

La decisión del Ministerio Público, confirmada por el fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, se sustenta en los presuntos delitos de patrocinio ilegal de intereses y tráfico de influencias, dos figuras penales que, en cualquier democracia sólida, bastarían para detonar una crisis institucional de gran magnitud.

Un presidente bajo investigación y un Estado atrapado en el blindaje constitucional

La investigación fue dispuesta el jueves 15 de enero y se desarrolla bajo estricta reserva, no por la complejidad del caso, sino por la investidura presidencial del investigado. En la práctica, la Constitución y la reciente jurisprudencia del Tribunal Constitucional han convertido el proceso en un trámite limitado, casi simbólico.

La Fiscalía solo podrá realizar diligencias preliminares y citar al presidente hasta en dos oportunidades. Luego, la investigación deberá ser suspendida hasta el final de su mandato. Este escenario ha reavivado un debate incómodo pero necesario: ¿la inmunidad presidencial protege la institucionalidad o se ha transformado en un mecanismo de impunidad frente a hechos graves que afectan el interés público?

Mientras la ciudadanía exige respuestas, el sistema legal parece diseñado para ganar tiempo, enfriar el escándalo y postergar cualquier consecuencia real.

Delitos graves, respuestas evasivas

El fiscal Tomás Gálvez ha sido claro al señalar que la hipótesis fiscal apunta, de manera preliminar, a patrocinio ilegal de intereses y tráfico de influencias. No se trata de faltas administrativas ni de errores protocolares, sino de delitos que implican el uso del poder para beneficiar intereses privados.

Pese a ello, el presidente José Jerí no ha ofrecido hasta ahora una explicación pública directa, detallada y convincente. No ha explicado por qué sostuvo reuniones nocturnas fuera de agenda, por qué omitió registrarlas oficialmente ni por qué mantuvo un vínculo tan estrecho con un empresario rodeado de cuestionamientos.

El silencio presidencial, en este contexto, no es neutral: alimenta la sospecha.

Reuniones en la sombra y normalización de lo inaceptable

La gravedad del caso no radica únicamente en una reunión clandestina, sino en la reiteración de encuentros, varios de ellos con personajes investigados por delitos ambientales y con restricciones judiciales vigentes.

Las visitas a Palacio de Gobierno, los encuentros privados en locales comerciales y las citas nocturnas no consignadas configuran un comportamiento incompatible con los estándares mínimos de transparencia que se esperan de un jefe de Estado.

La explicación oficial ha sido, en el mejor de los casos, insuficiente; en el peor, una peligrosa normalización de prácticas opacas que el país dice querer erradicar.

Defensa política que agrava el escándalo

Lejos de contribuir a la aclaración de los hechos, el presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, optó por una defensa que ha generado más indignación que alivio. Al sostener que José Jerí “cayó en una trampa” por su juventud e inexperiencia, el premier no solo minimizó la gravedad del caso, sino que expuso una alarmante ligereza en la evaluación de las responsabilidades presidenciales.

La tesis del “presidente ingenuo” resulta inadmisible para un cargo que concentra poder político, simbólico y administrativo. Gobernar no es un ejercicio de aprendizaje improvisado, y reunirse con empresarios en la sombra no es un error menor que pueda excusarse con elogios o promesas.

Versiones contradictorias y una defensa empresarial que no despeja dudas

La defensa del empresario Zhi Hua “Johnny” Yang ha intentado reducir el escándalo a una relación amical y a coordinaciones culturales por el Año Nuevo Chino. Sin embargo, esta versión no explica la reiteración de visitas, la presencia de terceros investigados por delitos graves ni la informalidad con la que se manejaron los encuentros.

Más aún, la defensa niega cualquier quiebre con el presidente, contradiciendo abiertamente la versión del premier. Las inconsistencias entre el Ejecutivo y el entorno del empresario no hacen sino profundizar la percepción de desorden, improvisación y falta de una narrativa coherente desde el poder.

El Congreso entra en escena ante un Ejecutivo acorralado

Ante el vacío de explicaciones del Gobierno, el Congreso ha comenzado a ejercer presión. La bancada de Renovación Popular exigió que el presidente comparezca ante un Pleno extraordinario, mientras que la Comisión de Fiscalización citó a José Jerí para el 3 de febrero.

El Legislativo busca esclarecer lo que el Ejecutivo no ha querido o no ha podido explicar: quiénes participaron en las reuniones, qué se discutió, qué se ofreció y por qué se actuó al margen de los registros oficiales. La fiscalización parlamentaria se convierte así en el único contrapeso visible frente a un Ejecutivo que parece replegado y a la defensiva.

El “Chifagate”: síntoma de una crisis más profunda

El llamado “Chifagate” no es solo un escándalo anecdótico ni un error de forma. Es el reflejo de una forma de ejercer el poder marcada por la informalidad, la falta de criterios claros y una peligrosa tolerancia a las zonas grises.

Las cronologías reveladas muestran un patrón de conducta que va más allá de un encuentro fortuito y plantea preguntas incómodas sobre conflictos de interés, acceso privilegiado y uso indebido del cargo presidencial.

Un Gobierno sin autoridad moral frente a la corrupción

Mientras la Fiscalía avanza con una investigación que podría quedar congelada por años, el daño político ya está hecho. La credibilidad del presidente José Jerí se erosiona día a día, no solo por las reuniones cuestionadas, sino por la incapacidad del Gobierno de asumir responsabilidades y ofrecer explicaciones transparentes.

En un país exhausto de escándalos y promesas incumplidas, el caso Jerí se suma a una larga lista de episodios que refuerzan la desconfianza ciudadana hacia el poder. Más allá de las responsabilidades penales que se determinen en el futuro, la pregunta que hoy queda en el aire es política y ética: ¿puede un presidente investigado por reunirse en la sombra seguir gobernando como si nada hubiera pasado?