Elecciones 2026: La farsa de la transparencia electoral y la impunidad de los deudores
Más de 20 candidatos con multas impagas por financiamiento opaco buscan un escaño en 2026, mientras la ONPE lucha contra un sistema que favorece la opacidad.
El Perú se encamina a las Elecciones 2026 con un preocupante historial de opacidad en el financiamiento de campañas, donde la transparencia prometida por las autoridades electorales parece ser una farsa. Un patrón documentado en los procesos de 2020 y 2021 revela que una parte significativa de los candidatos no reporta sus ingresos y gastos, o declara cifras inverosímiles, mientras que la mayoría de los sancionados evade el pago de multas millonarias, con la alarmante realidad de que al menos 22 de estos infractores buscan nuevamente un cargo público.
Un patrón de opacidad persistente
Las cifras de los últimos comicios son contundentes: en 2020, el 36.78% de los aspirantes al Congreso omitió presentar sus informes de campaña obligatorios. La situación no mejoró en 2021, donde el 24.87% no cumplió con la primera entrega y el 33.17% con la segunda. A este vacío se suma la cuestionable declaración de “cero soles” por parte de más del 30% de los candidatos en 2021, una cifra que, sumada a los no reportes, significa que más de la mitad de las candidaturas parlamentarias careció de una transparencia financiera real. Este panorama sienta un precedente inquietante para la integridad del próximo proceso electoral.
Deudas millonarias, impunidad electoral
A pesar de la existencia de un proceso sancionador, la efectividad de las multas impuestas por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) es mínima. Datos oficiales revelan que, de los 398 candidatos sancionados en 2020, solo 34 pagaron sus multas. En 2021, la situación fue similar: apenas 29 de 266 infractores cumplieron con la cancelación. Esta deficiencia ha generado una deuda acumulada que supera los S/ 14 millones del proceso 2020 y más de S/ 4.5 millones del 2021, sumando casi S/ 19 millones pendientes de cobro. Lo más crítico es que, en este universo de deudores, la Unidad de Investigación ha identificado a un mínimo de 22 individuos que, pese a sus antecedentes, aspiran a postular nuevamente en las Elecciones 2026.
Infractores recurrentes y sus justificaciones
La lista de infractores que buscan reingresar a la política incluye nombres conocidos y argumentos variados. Jorge Morante, actual congresista de Somos Perú y candidato a senador por Loreto, fue multado con más de S/ 30 mil en 2022 por su campaña de 2021. Tras apelar basándose en una ley aprobada por el actual Congreso, su sanción fue reducida a S/ 14 mil en 2025 y se le concedió un fraccionamiento de 25 cuotas hasta 2027. Morante atribuyó la falta de reporte a su “encargado de campaña” y a su “discapacidad visual”. Isaac Humala, padre del expresidente Ollanta Humala y aspirante al Senado con Juntos por el Perú, fue multado con más de S/ 40 mil en 2022, cifra que también fue recalculada, pero el caso se elevó al Jurado Nacional de Elecciones tras su impugnación. Otros casos incluyen a Carlo Magno Salcedo (Ahora Nación), quien aseguró no tener obligación de reportar por haber renunciado a su candidatura, y Juan Sheput, quien afirmó haber pagado su multa pero culpó al partido por la falta de reporte en 2020, calificando las multas de la ONPE como “desproporcionadas y abusivas”. Roger Najar (Podemos), exlegislador, también figura en la lista con una sanción superior a los S/ 15 mil por no reportar en 2021. Partidos como Juntos por el Perú, Venceremos y Ahora Nación concentran la mayoría de estos casos.
La capacidad fiscalizadora en entredicho
Expertos en materia electoral coinciden en que la ONPE enfrenta serias limitaciones para fiscalizar eficazmente el financiamiento de campañas. José Tello, exministro de Justicia, señaló que la entidad carece de la “capacidad logística” necesaria para monitorear a miles de candidatos, especialmente en la trazabilidad de los egresos. “Un candidato manda a hacer 10.000 postoras y solo reporta 1.000, surgiendo la pregunta: ¿cómo se detecta en el campo esa situación?”, ejemplificó Tello. Silvia Guevara, abogada especialista, agregó que el dinero ilícito suele circular en efectivo, y que las trabas bancarias para abrir cuentas a partidos complican aún más el panorama. Ambos advierten que el mayor riesgo es la infiltración de “dinero de economías ilegales o de sectores informales”, un gasto “muy difícil de rastrear”, como subraya Tello. José Manuel Villalobos, director de #DatoElectoral Perú, complementa que, si bien la ONPE cuenta con un marco normativo más exigente, la fiscalización “ex post” no previene el daño, y que las campañas personalistas con partidos débiles incentivan el financiamiento opaco, donde la factura final la paga el ciudadano.
Lo que falta aclarar
- ¿Por qué la ONPE y el JNE permiten que candidatos con multas impagas por opacidad financiera postulen nuevamente en las Elecciones 2026 sin haber regularizado su situación o enfrentado consecuencias más severas?
- Si la ONPE reconoce sus limitaciones logísticas y la dificultad para rastrear egresos y aportes en especie, ¿qué estrategias concretas se implementarán para fortalecer la fiscalización antes y durante la campaña, y no solo ex post?
- ¿Son las actuales sanciones económicas realmente disuasorias cuando la vasta mayoría de los infractores opta por no pagarlas y aun así puede continuar su carrera política?
- ¿Qué mecanismos de corresponsabilidad se aplicarán a los partidos políticos que constantemente presentan candidatos con historial de incumplimiento en la transparencia de sus financiamientos?
