Justicia peruana confirma histórica condena por esclavitud laboral en el Caso Nicolini
Un fallo que marca un antes y un después
El Poder Judicial del Perú ratificó en segunda instancia una condena histórica por esclavitud laboral en el denominado Caso Nicolini, consolidando así el primer fallo firme en el país por este delito. La sentencia, que impone penas superiores a los 30 años de prisión, representa un precedente clave en la lucha contra la trata de personas y la explotación laboral en contextos urbanos y comerciales.
Responsables con condenas definitivas
La decisión judicial confirma las penas dictadas en 2018 contra Jonny Coico Sirlopu y Vilma Zeña Santamaría, responsables de una red de explotación laboral que operaba dentro de la galería Nicolini, ubicada en el emporio comercial de Las Malvinas, en el Cercado de Lima. Coico fue sentenciado a 35 años de prisión, mientras que Zeña deberá cumplir 32 años de cárcel efectiva.
Tras un recurso de apelación presentado por la defensa de Zeña Santamaría, el tribunal superior ratificó la condena en diciembre de 2025, dejando el fallo plenamente firme.
El incendio que destapó la esclavitud moderna
El caso se remonta al 22 de junio de 2017, cuando un incendio de gran magnitud consumió parte de la galería Nicolini. Durante el siniestro murieron Jovi Herrera Alania (20) y Jorge Luis Huamán Villalobos (19), dos jóvenes trabajadores que quedaron atrapados dentro de un contenedor metálico ubicado en el quinto piso del edificio, el cual era utilizado como taller clandestino.
La tragedia conmocionó al país y puso en evidencia prácticas de esclavitud laboral que permanecían ocultas en uno de los centros comerciales más concurridos de Lima.
Encierro, explotación y ausencia total de derechos
Las investigaciones del Ministerio Público revelaron que las víctimas, junto a otros jóvenes, eran encerradas con candado durante extensas jornadas laborales bajo el pretexto de “cuidar la mercadería”. El espacio carecía de ventilación, iluminación adecuada, servicios higiénicos y condiciones mínimas de seguridad.
Los trabajadores ensamblaban luminarias de forma manual, reemplazando marcas originales por otras de menor costo, actividad que generaba ganancias ilegales para los empleadores. A cambio, recibían apenas 25 soles diarios, sin contrato, seguro, beneficios sociales ni libertad de movimiento.
Rol clave de la Fiscalía Especializada
La Fiscalía Superior Especializada en Delitos de Trata de Personas de Lima Centro desempeñó un papel determinante en la obtención y ratificación de la sentencia. Desde el Ministerio Público se destacó que el fallo reconoce de manera expresa la existencia de esclavitud laboral, una figura penal poco aplicada hasta entonces en el país, pese a su gravedad.
Voceros fiscales subrayaron que esta decisión judicial fortalece la persecución penal de redes de explotación y envía un mensaje disuasivo frente a prácticas que vulneran derechos fundamentales.
Reparación civil y sanciones adicionales
Además de las penas privativas de libertad, el Poder Judicial ordenó la inhabilitación de los sentenciados para contratar con el Estado durante el tiempo que duren sus condenas. Asimismo, dispuso el pago de una reparación civil de 20 mil soles a favor de los tres sobrevivientes del caso.
En el caso de las víctimas mortales, se establecieron indemnizaciones que superan los 900 mil soles en total para sus herederos legales, como parte del reconocimiento del daño irreparable causado.
Impacto social y memoria de las víctimas
A casi una década del incendio, el Caso Nicolini sigue siendo un símbolo de la precariedad laboral, la informalidad y la desprotección de jóvenes en situación de vulnerabilidad. La confirmación de esta sentencia no solo cierra un largo proceso judicial, sino que refuerza la exigencia de justicia y memoria para las víctimas de la esclavitud moderna en el Perú.
