OEA y Perú firman acuerdo electoral: ¿Garantía democrática o anticipo de tensiones en 2026?

Con más de dos años de antelación, Perú y la OEA sellan un acuerdo para la observación de las Elecciones 2026. ¿Es una señal de compromiso democrático o un intento de blindar un proceso futuro ante posibles cuestionamientos?

En una inusual muestra de anticipación, el gobierno peruano y la Organización de los Estados Americanos (OEA) firmaron un acuerdo para el despliegue de una Misión de Observación Electoral (MOE) con miras a las Elecciones Generales de 2026, programadas para el 12 de abril. Si bien la Cancillería y el secretario general de la OEA, Albert Ramdin, celebraron el compromiso democrático, la firma con más de dos años de adelanto levanta inmediatas interrogantes sobre las verdaderas motivaciones y la solidez de las garantías en un contexto político históricamente volátil.

Una anticipación que genera dudas

La celeridad con la que se ha sellado este pacto en el Palacio de Torre Tagle, entre el canciller Hugo de Zela y Ramdin, contrasta con la lejanía del calendario electoral. La OEA ha sido invitada en 23 ocasiones desde 1992, según el propio secretario general, pero ¿qué urgencia justifica asegurar una observación tan temprano para comicios que aún no tienen candidatos definidos ni reglas de juego completamente estables? La invitación oficial fue recibida el 1 de agosto pasado, una fecha que también invita a la reflexión.

¿Independencia garantizada o respaldo condicionado?

Albert Ramdin enfatizó la ‘independencia’ de las misiones de la OEA y la ‘confianza’ que el pueblo peruano podría tener. Sin embargo, el canciller De Zela, por su parte, prometió ‘todas las facilidades y todo el apoyo’ del gobierno. ¿Cómo se concilia la independencia absoluta con un respaldo gubernamental tan explícito? La presencia de los titulares del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) como ‘testigos de honor’ se presentó como una señal de compromiso institucional, pero ¿es suficiente para disipar las sombras de injerencia o instrumentalización de los organismos electorales, una preocupación recurrente en la política peruana?

Compromisos de papel ante una realidad compleja

Ambos funcionarios reiteraron el ‘firme compromiso’ con un proceso ‘eficiente y transparente’, donde la voluntad ciudadana sea ‘respetada’. De Zela incluso se refirió a la garantía del voto de más de 1.2 millones de peruanos en el exterior, prometiendo ‘mejores condiciones’ en los consulados. Estas declaraciones, si bien positivas en el discurso, chocan con la fragilidad institucional y la polarización que caracterizan el panorama político nacional. ¿Son estas promesas un mero ejercicio retórico o existen acciones concretas y verificables que sustenten la visión de un proceso impecable?

Lo que falta aclarar

• ¿Qué factores específicos motivaron la invitación oficial de la OEA para las EG 2026 con más de dos años de antelación, y no en un período más próximo a la contienda?
• ¿Cómo se garantizará la ‘total independencia’ de la Misión de Observación Electoral de la OEA, más allá de las declaraciones, considerando el ‘firme respaldo’ y ‘todas las facilidades’ prometidas por el gobierno peruano?
• Ante la promesa de un proceso ‘eficiente y transparente’ y el respeto a la ‘voluntad de cada peruano’, ¿qué mecanismos concretos se implementarán desde ahora para fortalecer la autonomía de los organismos electorales y protegerlos de presiones políticas?
• Más allá de las ‘mejores condiciones’ en los consulados, ¿qué plan detallado existe para asegurar la logística, la seguridad y la plena participación de los 1.2 millones de peruanos en el exterior, un segmento electoral históricamente complejo?