Paro de Transportistas: La trágica factura de 56 muertes y la indolencia del Estado
Este 14 de enero, Lima y Callao enfrentan un paro masivo de transportistas. La exigencia es clara: seguridad. La pregunta es, ¿dónde están las respuestas del Estado ante 56 conductores asesinados en 2025?
Este miércoles 14 de enero, el transporte urbano en Lima y Callao se detiene. Gremios del sector han convocado una paralización de 24 horas, movilizando a más de 22.000 unidades entre buses, cústers y combis, en una medida desesperada contra la brutal ola de violencia que azota a sus trabajadores. La cifra es escalofriante: 56 conductores asesinados y más de 60 ataques armados registrados solo en 2025. ¿Qué más debe ocurrir para que las autoridades actúen con la urgencia que la situación demanda?
Una cifra que clama justicia
La decisión de paralizar actividades no es un capricho, sino la respuesta a una realidad innegable. Los voceros de los transportistas han denunciado una escalada de extorsiones, sicariato y violencia que ha cobrado la vida de decenas de sus compañeros. Durante 2025, 56 conductores fueron asesinados y se reportaron más de 60 ataques armados, según los propios gremios. Este panorama de terror ha sido el detonante para una medida que, si bien afecta a miles de ciudadanos, busca llamar la atención sobre la ineficacia de las políticas de seguridad.
La promesa de un cese total: ¿Y la respuesta estatal?
Héctor Vargas, presidente de la Coordinadora de Empresas de Transporte Urbano, ha sido enfático: el 100% de las empresas de transporte formal cesarán sus operaciones este miércoles. Por su parte, Martín Ojeda, vocero de Transportes Unidos, adelantó que se realizarán movilizaciones bajo la modalidad ‘hombre-máquina’ en puntos clave como la Panamericana y San Juan de Lurigancho. Ante este anuncio de paralización total y la gravedad de las cifras, la ciudadanía se pregunta por qué no se observan acciones contundentes por parte del Ministerio del Interior o las autoridades locales para garantizar la seguridad de un servicio esencial.
¿Quién responde por el terror en las calles?
La magnitud del paro y el motivo que lo impulsa exponen una profunda crisis de gobernabilidad y seguridad ciudadana. La inacción o la respuesta insuficiente del Estado frente a la extorsión sistemática y los asesinatos de transportistas no solo pone en riesgo la vida de los trabajadores, sino que también desestabiliza un servicio fundamental para millones de peruanos. ¿Acaso los 56 conductores asesinados y los más de 60 ataques armados no son motivo suficiente para declarar una emergencia real y desplegar un plan efectivo contra el crimen organizado que opera impunemente?
Lo que falta aclarar
- ¿Qué medidas concretas ha implementado el Ministerio del Interior para proteger a los transportistas frente a la ola de asesinatos y extorsiones denunciada?
- ¿Existe un plan de contingencia real para mitigar el impacto de esta violencia en el transporte público, más allá de las lamentaciones?
- ¿Por qué, a pesar de las alarmantes cifras de 56 conductores asesinados y más de 60 ataques armados en 2025, no se ha visto una respuesta estatal coordinada y efectiva que evite la paralización de un servicio esencial?
- ¿Se ha iniciado una investigación a fondo sobre la presunta inoperancia de las fuerzas del orden ante las denuncias reiteradas de los gremios de transportistas?
