Paro de transportistas: ¿medida de fuerza o reflejo de una inacción estatal?

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El sector transporte en Lima y Callao se alista para una nueva paralización este 14 de enero. La medida, que amenaza con dejar a miles de usuarios sin servicio, exige una respuesta contundente del Gobierno ante la escalada de inseguridad, extorsiones y sicariato.

La capital y el Callao se preparan para un inminente paro de transportistas este miércoles 14 de enero, convocado por diversos gremios ante la crítica situación de inseguridad ciudadana. Miles de unidades dejarán de circular, impactando directamente en la movilidad de cientos de miles de ciudadanos. La pregunta que surge es inevitable: ¿es esta una medida de presión efectiva o evidencia de la incapacidad del Estado para garantizar la seguridad de un sector vital?

Una paralización con dimensiones preocupantes

La convocatoria ha logrado aglutinar a importantes actores del sector. Según voceros como Martín Ojeda, de la Cámara Internacional de Transporte, y Julio Rau Rau, presidente de Conet, se estima que alrededor de 250 empresas se sumarán a la paralización, lo que implicaría la inmovilización de cerca de 12,000 unidades. Gremios como Empresa de transportes Unidos, Asotrani, Anitra y Conet han confirmado su adhesión, anunciando un impacto significativo en el servicio de transporte urbano.

Demandas urgentes y cambios en la agenda

Inicialmente prevista para el 15 de enero, la fecha de la protesta fue modificada para el día 14, un cambio que revela cierta dinámica interna en la coordinación. Los dirigentes, como Walter Carrera de Asotrani Perú, han sido enfáticos en exigir al Gobierno una acción “con mano firme” y una “política de inteligencia y agresividad” para desarticular las bandas criminales. Sin embargo, Carrera también mencionó la “etapa electoral” como un factor que influye en la “situación cambiante”, una declaración que invita a la reflexión sobre el verdadero timing y la estrategia detrás de estas movilizaciones.

¿Protesta pacífica o estrategia ambigua?

Mientras Martín Ojeda ha asegurado que la medida será “pacífica”, enfocada en “salvar el país” y erradicar las mafias, las acciones concretas anunciadas muestran cierta disparidad. Julio Rau Rau, por ejemplo, indicó que su gremio, Conet, optaría por un “apagado de motores” con una comisión presente en el Congreso, descartando marchas. No obstante, la convocatoria inicial hablaba de “marchas hacia puntos estratégicos de la capital”. Esta falta de uniformidad en la ejecución de la protesta genera interrogantes sobre la cohesión y la estrategia unificada del sector.

Lo que falta aclarar

  • ¿Qué propuestas concretas y viables, más allá de la paralización, han presentado los gremios al Gobierno para combatir la inseguridad que denuncian?
  • Ante la reiterada amenaza de paros, ¿se ha establecido un canal de diálogo permanente y efectivo entre el sector transporte y las autoridades para evitar la afectación a la ciudadanía?
  • La mención de la “etapa electoral” como un factor influyente, ¿cómo se traduce en las expectativas o en la presión política que los gremios buscan ejercer con esta medida de fuerza?
  • Si la meta es erradicar mafias, ¿qué indicadores o compromisos específicos esperan ver del Gobierno para considerar que sus demandas han sido atendidas y evitar futuras paralizaciones?

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