Poder Judicial revisará inhabilitación de Delia Espinoza
La Tercera Sala Constitucional de Lima admitió la demanda de amparo, poniendo bajo escrutinio la legalidad de la sanción de diez años impuesta por el Parlamento.
El Poder Judicial ha dado un paso trascendental al admitir a trámite la demanda de amparo presentada por Delia Espinoza, un movimiento que pone directamente bajo escrutinio la legalidad y constitucionalidad de la inhabilitación por diez años que le impuso el Congreso de la República. Esta decisión abre una nueva fase en un caso que ha levantado serias interrogantes sobre los alcances del poder parlamentario y el respeto al debido proceso.
La luz verde judicial a un caso polémico
La Tercera Sala Constitucional de Lima fue la instancia que declaró procedente el recurso de amparo de Espinoza, un dictamen que, si bien no prejuzga el fondo del asunto, valida la necesidad de una revisión exhaustiva. Esta admisión significa que la demanda cumple con los requisitos formales exigidos por ley, habilitando así un análisis profundo sobre las acciones del Parlamento y sus implicancias constitucionales.
El Congreso bajo la lupa: ¿Extralimitación de funciones?
En su demanda, Delia Espinoza acusa al Congreso de haber excedido flagrantemente sus atribuciones constitucionales. Según su argumentación, la sanción de inhabilitación por diez años no solo la aparta de la función pública, sino que también allana el camino para una acusación penal, lo cual, a su juicio, desnaturaliza la función sancionadora del Legislativo. Además, Espinoza cuestiona la motivación detrás de las resoluciones legislativas y denuncia una presunta vulneración de sus derechos fundamentales, con especial énfasis en el debido proceso y las garantías mínimas que todo ciudadano debe tener en procedimientos sancionadores.
¿Qué implica la revisión constitucional?
La Tercera Sala Constitucional ha sido clara: la admisión del amparo no se traduce en un pronunciamiento sobre el fondo de las acusaciones contra Espinoza. Su tarea se centrará en evaluar si el procedimiento seguido por el Parlamento al imponer la inhabilitación respetó, o no, los principios constitucionales que rigen el actuar de los poderes del Estado. El fallo que eventualmente se emita tendrá la trascendencia de determinar si las decisiones del Congreso se ajustaron a derecho o si, por el contrario, corresponde restituir los derechos políticos y funcionales de Delia Espinoza, sentando un precedente clave.
Lo que falta aclarar
- ¿Qué argumentos jurídicos y constitucionales presentará el Congreso para defender la legalidad de su accionar ante las graves acusaciones de extralimitación de funciones?
- Si el Poder Judicial determina que hubo una vulneración al debido proceso, ¿cuáles serán las responsabilidades políticas y administrativas por el procedimiento seguido en el Parlamento?
- ¿Cómo se asegurará el Poder Judicial de que esta revisión no se convierta en un precedente que debilite la facultad sancionadora del Congreso, pero sin avalar posibles abusos de poder?
- ¿Qué impacto tendrá esta revisión en la confianza ciudadana hacia las instituciones, especialmente en un contexto donde las decisiones del Congreso son constantemente cuestionadas?
