Peculado en Aparicio Pomares: Cómplices familiares de exadministrador reciben sentencia tras 15 años
Después de más de década y media, la justicia huanuqueña condena a familiares de un exfuncionario por desvío de fondos en obras públicas. Las penas suspendidas y la larga espera plantean serias interrogantes sobre la eficacia del sistema.
Más de quince años después de que los hechos ocurrieran, el Juzgado Unipersonal de Huánuco ha emitido una condena contra Frederik Paul Chávez Cabello y Olga Cecilia Fernández Huapalla por el presunto delito de peculado doloso. Ambos, familiares directos del entonces administrador municipal de Aparicio Pomares, fueron hallados cómplices en el desvío de fondos destinados a dos obras públicas en 2010, un fallo que llega con penas privativas de la libertad suspendidas y una reparación civil de S/ 81,305 a favor del Estado.
El entramado familiar en la gestión de obras
Según la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, Frederik Chávez Cabello, hermano del entonces administrador Javier Gustavo Chávez Cabellos, fue señalado como cómplice primario en la apropiación de S/ 40,505. La acusación detalla que, entre octubre y diciembre de 2010, Chávez Cabello habría facilitado tres facturas de sus empresas –Ferretería ‘Gabrie’ e ‘I&G Servicios en Construcción Civil’–, las cuales no estaban inscritas en el Registro Nacional de Proveedores y no habrían prestado servicio ni provisto materiales para las obras de los Centros Cívicos de Yachas y Sahuay.
De manera similar, Olga Cecilia Fernández Huapalla, esposa del mismo administrador municipal, fue acusada de ser cómplice primario en la apropiación de S/ 10,800. La Fiscalía sostuvo que su empresa ‘J & O RENTA CAR’, tampoco inscrita en el RNP, emitió la factura n° 0001-000024 para el cobro indebido de dicho monto, aprovechándose de la posición de su cónyuge en la Municipalidad Distrital de Aparicio Pomares, provincia de Yarowilca.
Obras inconclusas y el perjuicio al erario público
Las obras en cuestión, la ‘Construcción del Centro Cívico de Yachas’ y la ‘Construcción del Centro Cívico de Sahuay’, fueron impulsadas por administración directa en los últimos meses de la gestión del entonces alcalde Ángel Isidro Silvestre. Con un presupuesto inicial de S/ 146,000 para cada una y un plazo de 60 días, las obras debieron culminar en diciembre de 2010. Sin embargo, al finalizar el periodo municipal, ambas quedaron con un avance físico de apenas 58.37%, equivalente a S/ 85,221.07 para cada proyecto, pese a que la municipalidad habría recibido y utilizado el 100% de los fondos asignados por el Ministerio de Economía y Finanzas.
El informe pericial contable n° 163, valorado por la Fiscalía, concluyó que el gasto indebido en estas obras ocasionó un perjuicio económico a la municipalidad, cuantificando en S/ 40,505 el monto atribuido a las acciones de Frederik Chávez, y S/ 10,800 a las de Olga Fernández. Este desvío de recursos públicos dejó a la comunidad con proyectos esenciales sin terminar.
La lenta marcha de la justicia y las penas impuestas
El juez Luis Pasquel Paredes sentenció a Frederik Paul Chávez Cabello a cuatro años de pena privativa de la libertad, y a Olga Cecilia Fernández Huapalla a tres años, ambas con carácter suspendido. Adicionalmente, se les impuso el pago de una reparación civil de S/ 81,305 a favor del Estado. No obstante, la ejecución de estas sentencias queda en suspenso, a la espera de que la Sala Penal resuelva el recurso de apelación presentado por los condenados, prolongando aún más la búsqueda de una resolución definitiva para este caso que se arrastra por más de una década y media.
Lo que falta aclarar
- ¿Cuál es la situación judicial actual del entonces alcalde Ángel Isidro Silvestre, a quien la Fiscalía señaló como el principal beneficiario de estas acciones ilícitas, y del exadministrador Javier Gustavo Chávez Cabellos, cónyuge y hermano de los sentenciados, respectivamente?
- ¿Cómo se justifica la reparación civil de S/ 81,305 impuesta a los sentenciados, cuando los montos específicos de apropiación atribuidos a sus acciones por la Fiscalía suman S/ 51,305?
- ¿Qué implicancias tiene para la credibilidad del sistema judicial peruano que un caso de peculado que involucra a funcionarios y sus allegados tarde más de quince años en obtener una sentencia de primera instancia, y que esta sea de carácter suspendido?
- ¿Se han tomado medidas correctivas o de fiscalización para asegurar que situaciones similares de malversación de fondos y uso de empresas no registradas no se repitan en la Municipalidad de Aparicio Pomares o en otras comunas del país?
