Fiscal de Leoncio Prado denuncia presunto reglaje: ¿Amenaza a la justicia en Tingo María?

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Un incidente de marcaje contra el fiscal Pedro Luis Aguirre Espino activa las alarmas sobre la seguridad de operadores de justicia en una región compleja. La investigación preliminar busca respuestas, pero las interrogantes persisten sobre la efectividad de la protección.

El fiscal Pedro Luis Aguirre Espino, adscrito a la Segunda Fiscalía Penal de Leoncio Prado, ha interpuesto una denuncia formal ante el Departamento de Investigación Criminal (Depincri) de Tingo María por un presunto delito de marcaje o reglaje ocurrido en los primeros días de enero de 2026. Este incidente no solo pone en el centro de atención la seguridad de un funcionario clave del sistema de justicia, sino que también plantea serias dudas sobre la capacidad de las autoridades para proteger a quienes combaten el crimen en una zona históricamente sensible.

Un seguimiento bajo sospecha en el corazón de la ciudad

Según la denuncia formulada, los hechos se habrían desarrollado la noche del 1 de enero, cuando el representante del Ministerio Público se encontraba en un hotel ubicado en la intersección de la avenida Raymondi con el jirón José Pratto. En este punto céntrico de Tingo María, el fiscal Aguirre Espino habría notado la presencia de un individuo masculino que, a bordo de una motocicleta lineal rojo y negro y vistiendo un polo negro y jean, permaneció en actitud sospechosa, observando de forma constante el movimiento del establecimiento. Al retirarse, el denunciante asegura que el mismo sujeto lo habría seguido durante parte de su trayecto, lo que motivó la alerta a las autoridades policiales.

Investigación en curso, sin resultados concretos

El caso ha sido derivado al Ministerio Público, que ha dispuesto el inicio de las diligencias preliminares correspondientes. El objetivo es claro: identificar al presunto implicado y verificar la veracidad de los hechos denunciados. Sin embargo, hasta el cierre de esta edición, no se ha reportado ninguna detención. Las autoridades han manifestado que actuarán con cautela y objetividad, invocando el principio de presunción de inocencia mientras se determina si se trató de un acto delictivo o una «situación fortuita». Esta última calificación, en un contexto de presunto reglaje a un fiscal, genera interrogantes sobre la profundidad y seriedad con la que se aborda el incidente.

La seguridad de la justicia en entredicho

El fiscal Aguirre Espino ha solicitado que su denuncia sea tratada con la debida atención, no solo por la gravedad del hecho en sí, sino por el antecedente de situaciones similares que, según su testimonio, han afectado la seguridad de otros operadores de justicia en distintas ciudades del país. Este patrón de riesgo, cuando se dirige a quienes tienen la labor de investigar y perseguir el delito, es un indicador preocupante que exige una respuesta contundente y estratégica por parte del Estado. La impunidad en estos casos podría socavar gravemente la labor fiscal y la confianza ciudadana en el sistema.

Lo que falta aclarar

  • ¿Qué acciones concretas ha tomado el Ministerio Público, más allá de las diligencias preliminares, para identificar al presunto implicado y su posible motivación, especialmente considerando la descripción detallada del sujeto y el vehículo?
  • Si las autoridades señalan la posibilidad de una «situación fortuita», ¿qué criterios se están aplicando para descartar la intencionalidad de un acto de reglaje contra un operador de justicia en una zona de alta complejidad?
  • Ante la mención del fiscal sobre «situaciones similares» que afectan la seguridad de otros operadores de justicia a nivel nacional, ¿existe un protocolo de seguridad específico y efectivo para proteger a fiscales y jueces en zonas de alto riesgo como Tingo María?
  • ¿Qué garantías se ofrecen a los fiscales para que puedan ejercer sus funciones sin temor a represalias o seguimientos, y cómo se fortalecerá la inteligencia policial para prevenir este tipo de incidentes en lugar de solo reaccionar a ellos?

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