INPE traslada a 100 reos de alta peligrosidad a Challapalca
El INPE movilizó a un centenar de internos de alta peligrosidad a la prisión de Challapalca. La medida, anunciada como parte de un plan para «recuperar la autoridad», plantea interrogantes sobre la gestión penitenciaria previa y su efectividad a largo plazo.
El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) ejecutó hoy el traslado de 100 internos considerados de alta peligrosidad desde diversas prisiones de Lima hacia el penal de Challapalca, ubicado a más de 4,600 metros sobre el nivel del mar. La acción, presentada por la administración interina de José Jerí como un esfuerzo «estratégico» para «recuperar el principio de autoridad» y desarticular redes de extorsión y sicariato, levanta serias dudas sobre la efectividad de las políticas de seguridad carcelaria implementadas hasta la fecha.
Perfil de alto riesgo y la recurrente falla del sistema
Según el informe oficial del INPE, los 100 internos trasladados pertenecen a organizaciones vinculadas al narcotráfico, robo agravado y tráfico de armas, con 66 de ellos ya sentenciados y 34 procesados. Provenientes de establecimientos penitenciarios como Lurigancho, Ancón I, Miguel Castro Castro, Callao y Huaral, su capacidad para seguir operando desde estas prisiones pone en evidencia una falla sistémica que va más allá de un traslado puntual. La supervisión directa del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Walter Martínez, y el presidente del INPE, Iván Paredes, durante la operación, ¿garantiza realmente que no se volverá a perder el control en otros centros?
Challapalca: ¿Estrategia nacional o respuesta a la crisis?
El Ejecutivo presenta este masivo traslado como un componente clave de un «plan nacional de fortalecimiento penitenciario», designando a Challapalca, por su ubicación y condiciones, como el «destino final» para reclusos de alta peligrosidad. No obstante, esta medida se anuncia después de recientes requisas que descubrieron objetos prohibidos y equipos de comunicación en las prisiones de origen. ¿Es esta una verdadera estrategia de Estado para combatir el crimen organizado desde las celdas o una respuesta de emergencia ante la innegable infiltración delictiva que ha corroído la autoridad penitenciaria?
Lo que falta aclarar
- Si se busca «recuperar el principio de autoridad», ¿cuándo y cómo se perdió? ¿Qué medidas concretas se tomaron (o no) para permitir que los cabecillas operaran con tanta libertad?
- ¿Este traslado masivo a Challapalca garantiza que no se coordinarán delitos desde esta prisión de máxima seguridad o desde el resto de los penales del país?
- ¿Qué medidas estructurales y de fondo se implementarán para evitar que los penales se conviertan nuevamente en centros de operación criminal, más allá de los traslados reactivos?
- ¿Existe una rendición de cuentas por la situación previa de descontrol que hizo necesario este operativo de emergencia, según las propias autoridades?
