Pataz: La impunidad se cimenta en la obstaculización forense y desidia estatal
La Fiscalía de Pataz denuncia la obstrucción sistemática de necropsias en crímenes mineros, agravada por una drástica reducción de personal. ¿Quién responde por la impunidad en una de las zonas más violentas del país?
La provincia de Pataz, en La Libertad, se hunde cada vez más en una espiral de violencia donde la justicia parece ser la principal víctima. El fiscal provincial coordinador, Enrique Valverde Cabrera, ha lanzado una seria advertencia: la investigación de crímenes vinculados a la minería se ve sistemáticamente obstaculizada por la negativa de familiares y allegados a permitir las necropsias de ley, sumado a una preocupante desidia institucional que desmantela la capacidad de respuesta del Ministerio Público.
Cuerpos sin verdad: La resistencia en los socavones
El caso más reciente y alarmante involucra a tres trabajadores presuntamente fallecidos en un enfrentamiento armado dentro de un socavón. Según el fiscal Valverde Cabrera, un grupo de aproximadamente 40 personas impidió que la Comisaría de Vijus trasladara los cuerpos, bloqueando así la obtención de evidencia forense crucial. En la escena se hallaron 11 casquillos de bala, pero sin las pericias médico-legales y balísticas, se vuelve imposible determinar científicamente el tipo de armamento, la trayectoria de los disparos y, lo más importante, vincular los hechos con los presuntos responsables.
Esta resistencia, en un contexto donde los crímenes se atribuyen a enfrentamientos con “parqueros” —delincuentes dedicados al robo de mineral—, condena de facto la investigación a la ineficacia. ¿Cómo se espera esclarecer la verdad y sancionar a los culpables si el primer paso de cualquier pesquisa, la autopsia, es sistemáticamente impedido?
El desmantelamiento de la capacidad Fiscal en Pataz
A la alarmante obstrucción social se suma una crisis institucional que exige rendición de cuentas. El fiscal Valverde Cabrera reveló que la sede de Pataz ha sufrido una drástica reducción de personal. El decreto de urgencia que permitía reforzar la fiscalía expiró el pasado 31 de diciembre, dejando a la provincia con solo cuatro fiscales, de los nueve que operaban previamente. Esta merma del 50% de la capacidad operativa ocurre precisamente en uno de los territorios más convulsos y con mayor índice de criminalidad del país.
Mientras el Ministerio Público, junto a la PNP y el Ejército, aún participa en operativos bajo el Estado de Emergencia, la debilidad interna de la fiscalía envía un mensaje contradictorio. ¿Es esta una estrategia real para combatir el crimen organizado o una invitación tácita a la impunidad, dejando a los fiscales con un plazo de 60 días para agotar investigaciones sin los recursos mínimos necesarios?
Lo que falta aclarar
- ¿Qué medidas concretas y urgentes implementará el Ministerio Público para garantizar la realización de las necropsias y proteger la integridad de las diligencias fiscales en Pataz?
- ¿Quién asumirá la responsabilidad por la drástica reducción de personal fiscal en una zona de emergencia, y qué planes existen para revertir esta situación de vulnerabilidad institucional?
- ¿Qué rol están jugando las autoridades locales y regionales para mediar en la resistencia de la población y asegurar el cumplimiento de la ley en las investigaciones criminales?
- Más allá de los operativos, ¿cuál es la estrategia integral del Estado para abordar la impunidad y la violencia en Pataz, considerando la debilidad de sus propias instituciones en el terreno?
