De la justicia al Congreso

Exjueces, fiscales y procuradores engrosan listas electorales para 2026, desatando un debate sobre el oportunismo político y la independencia de poderes. ¿Qué buscan realmente los partidos y estos controvertidos personajes?

El panorama electoral peruano para 2026 se perfila con una constante inquietante: la masiva incursión de figuras ligadas al ámbito judicial en las listas al Congreso. Exjueces supremos, fiscales, procuradores y abogados penalistas de renombre mediático abandonan sus togas para buscar una curul, levantando interrogantes sobre las verdaderas intenciones detrás de esta migración. Este fenómeno, lejos de ser una coincidencia, suscita interrogantes urgentes sobre las motivaciones de los partidos y la verdadera intención detrás de esta migración de togas a curules.

Exmagistrados: ¿Experiencia o expedientes complejos?

Diversos exjueces supremos, la más alta instancia judicial, han sido invitados a encabezar listas. Duberlí Rodríguez, expresidente del Poder Judicial (2017-2018) hasta su renuncia en medio del escándalo ‘Cuellos Blancos del Puerto’, lidera la lista al Senado de Venceremos. Rodríguez, quien ya fue diputado entre 1985 y 1990, se dedicó a la defensa penal de figuras como César Villanueva y Aníbal Torres tras su jubilación en 2019. Junto a él, Susana Castañeda Otsu, exjueza suprema provisional conocida por casos anticorrupción y de Lava Jato, postula con País Para Todos, e Iván Sequeiros, también exjuez supremo provisional con trayectoria en casos de terrorismo, Vladimiro Montesinos y Alex Kouri, va con Somos Perú. Desde el Tribunal Constitucional, su expresidente Carlos Mesía, con un breve paso congresal fujimorista (2020-2021), busca un escaño por Fuerza Popular. ¿Acaso la experiencia en la judicatura garantiza la idoneidad para la labor legislativa, o se busca capitalizar una imagen pública, por más cuestionada que sea?

Fiscales y procuradores: ¿Conflictos de interés a la vista?

El Ministerio Público y las procuradurías también nutren estas listas. Sandra Castro, fiscal provincial y una de las investigadoras iniciales del caso ‘Cuellos Blancos’, fue designada candidata al Senado. Sin embargo, su postulación se encuentra en el ojo de la tormenta: fue destituida del caso en 2021 tras reunirse en privado con el entonces presidente Martín Vizcarra, y el Jurado Electoral Especial Lima Centro 2 declaró inadmisible su lista por no haber renunciado a su cargo seis meses antes, presentando solo una “solicitud de licencia sin goce de haber”. A esto se suma la reciente resolución del fiscal de la Nación interino, Juan Carlos Villena, dando por concluida su designación como fiscal provincial provisional, al considerar su postulación como un “evidente acto político incompatible”. ¿Cómo se justifica la postulación de una fiscal en funciones cuya situación es, como mínimo, irregular? ¿Qué mensaje envía esto sobre la institucionalidad y la lucha contra la corrupción?

Otros nombres incluyen a Martín Salas, exfiscal anticorrupción y ahora vocero oficial de Alianza Para el Progreso (APP), y los exprocuradores Antonio Maldonado (Ahora Nación), defensor del Estado en los casos Fujimori-Montesinos, y Julia Príncipe (País Para Todos), impulsora de casos como el financiamiento del Partido Nacionalista. También Katherine Ampuero, exprocuradora ad hoc del Caso Lava Jato por unos meses, hoy en Renovación Popular tras ocupar cargos en el Congreso y postular previamente por APP. La presencia de estos perfiles, ¿es una genuina búsqueda de reforma judicial o una estrategia para asegurar impunidad o influencia en el futuro legislativo?

Abogados mediáticos y el oportunismo partidario

Alianza Para el Progreso ha fichado a reconocidos penalistas como Luis Vivanco, abogado de Nicanor Boluarte en el caso ‘Waykis en la Sombra’, y Elio Riera, defensor de Alberto Fujimori y Andrés Hurtado. Ambos buscan una diputación por Lima. Incluso los últimos dos decanos del Colegio de Abogados de Lima, Raúl Canelo y César Bazán, se presentan al Senado por diferentes partidos. José Tello, exministro de Justicia, subraya la “mediatización” de la justicia como un factor clave, donde abogados y fiscales consolidan una imagen mediática fuerte para luego buscar un espacio político. Gilmar Andía, exviceministro de Justicia, califica esta tendencia como una “ola de oportunismo” por parte de los partidos, que buscan “caras que tengan cierta visión mediática” para dar un mensaje de lucha contra la corrupción. ¿Es esta una estrategia sincera para fortalecer el sistema de justicia o una cínica táctica para legitimarse ante un electorado escéptico?

Lo que falta aclarar

¿Cuál es el plan legislativo concreto de estos exoperadores de justicia para la reforma judicial, más allá de la experiencia en sus anteriores roles?
¿Cómo garantizarán estos candidatos su independencia y evitarán potenciales conflictos de interés, especialmente aquellos que han defendido a figuras políticas cuestionadas o tienen procesos pendientes?
¿Por qué los partidos, muchos de ellos cuestionados por corrupción, recurren a perfiles del ámbito judicial sin un historial partidario sólido, más allá de su exposición mediática?
¿Qué mecanismos implementará el Jurado Nacional de Elecciones para asegurar que la postulación de funcionarios aún en activo, como Sandra Castro, cumpla estrictamente con los requisitos legales y éticos?