Minsa oficializa nombramiento CAS: ¿Justicia laboral o capital político tras una década?
Después de más de diez años de precarización laboral, el Ministerio de Salud formaliza a 9,240 trabajadores asistenciales. La medida, celebrada como un acto de justicia, levanta serios cuestionamientos sobre la demora y el énfasis en el rédito político.
El Ministerio de Salud (Minsa) ha aprobado el cronograma para el nombramiento de aproximadamente 9,240 trabajadores del régimen CAS asistencial a nivel nacional, una decisión oficializada mediante resolución ministerial firmada por su titular, Luis Quiroz Avilés. Aunque la medida es un paso largamente esperado para miles de familias, la celebración de esta “justicia laboral” no puede eclipsar la pregunta fundamental: ¿por qué ha tomado más de una década concretar un derecho tan básico para quienes sostienen el sistema de salud?
Una espera de más de diez años: ¿Quién rinde cuentas?
La formalización de este personal no es una concesión, sino la respuesta a una demanda que se arrastra por más de diez años. Durante este periodo, miles de profesionales han desempeñado funciones permanentes y esenciales en hospitales y centros de salud bajo contratos temporales, con la inestabilidad y falta de derechos que ello implica. Si bien el ministro Quiroz Avilés calificó la medida como un “acto de justicia y reivindicación laboral”, la verdadera rendición de cuentas implica indagar por qué el Estado peruano permitió esta situación de precariedad por tanto tiempo. ¿Cuál ha sido el costo humano y operativo de esta inacción para el sector salud y para los propios trabajadores?
El rédito político de una demanda histórica
En el acto de oficialización, el ministro Quiroz no dudó en atribuir la iniciativa del nombramiento al actual presidente José Jerí, destacando su impulso cuando ejercía como congresista. “La reivindicación de este derecho fue iniciativa del presidente José Jerí cuando estuvo como congresista, y hoy por encargo de él lo estamos haciendo realidad”, afirmó Quiroz Avilés. Esta declaración, si bien busca resaltar un compromiso político, también subraya una contradicción: ¿Es apropiado capitalizar políticamente una medida que llega con más de una década de retraso, tras años de lucha sindical y el desempeño incuestionable de estos trabajadores, incluso durante la pandemia?
¿Una solución integral o un parche temporal?
La secretaria general del Sindicato Nacional del Personal de Salud CAS Regular del Minsa, Marycris Aparicio García, expresó la satisfacción de los beneficiados, enfatizando la estabilidad económica y laboral que se les otorga. Es innegable el impacto positivo para los 9,240 trabajadores y sus familias. Sin embargo, más allá del justo reconocimiento a este grupo, la situación invita a una reflexión más profunda: ¿qué garantiza que no se generen nuevas bolsas de personal precario en el futuro? ¿Esta medida aborda la problemática estructural del régimen CAS en el sector público o es solo un paliativo para un grupo específico?
Lo que falta aclarar
- ¿Qué acciones concretas se implementarán para sancionar o determinar responsabilidades por la omisión que llevó a mantener a miles de trabajadores en la precariedad laboral por más de una década?
- ¿Existe un plan integral para erradicar el régimen CAS y garantizar la estabilidad laboral de *todo* el personal de salud, incluyendo a aquellos no asistenciales, o esta medida es un caso aislado?
- ¿Cómo se asegurará que las futuras administraciones del Minsa prioricen la estabilidad laboral y no recurran a contratos temporales para funciones permanentes, evitando así nuevas “deudas sociales”?
- Más allá de la atribución política, ¿cuál fue el verdadero impacto de esta larga espera en la calidad de los servicios de salud y en la moral del personal durante estos diez años?
