Tomás Gálvez disuelve equipos especiales: El fin de la lucha anticorrupción
El fiscal de la Nación interino anuncia la disolución de los equipos Lava Jato y Cuellos Blancos para el 6 de enero, generando un fuerte debate sobre la continuidad de investigaciones clave y la autonomía del Ministerio Público.
El fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, ha puesto fecha a una de las decisiones más polémicas y esperadas en el Ministerio Público: el 6 de enero se oficializará la disolución de todos los equipos especiales, incluyendo aquellos encargados de casos emblemáticos como Lava Jato y Cuellos Blancos. La medida, anunciada en una entrevista, implica que estas investigaciones de alta complejidad serán redistribuidas a fiscalías ordinarias y especializadas, levantando una ola de cuestionamientos sobre el futuro de la lucha contra la corrupción en el país y la verdadera motivación detrás de esta drástica reestructuración.
La justificación de Gálvez: «Se creyeron reyes»
Gálvez explicó que la decisión fue adoptada el 19 de diciembre y que, en la práctica, los equipos ya se encuentran inactivos desde entonces. El anuncio formal para el 6 de enero, según sus palabras, no tiene un simbolismo religioso, sino que marca el fin del ‘protagonismo’ de estos grupos. El fiscal interino argumentó que los equipos especiales ‘se creyeron reyes’ y operaron al margen de la estructura orgánica del Ministerio Público, lo que justificaba su cierre definitivo. Afirmó que esta medida permitirá corregir investigaciones que, a su juicio, fueron afectadas por sesgos y malas prácticas.
Redistribución de casos y las sombras de la impunidad
Con la inminente disolución, las investigaciones que estaban en manos de los equipos especiales serán reasignadas a fiscalías ordinarias y especializadas, según la tipología de cada caso. Gálvez aseguró que estas dependencias cuentan con el personal capacitado necesario para asumir los voluminosos expedientes. Sin embargo, la preocupación principal recae en la complejidad de estas investigaciones y el riesgo que implica un cambio de manos. El fiscal José Domingo Pérez, por su parte, ya ha advertido que cualquier consecuencia negativa de este traslado recaerá directamente sobre la gestión de Gálvez, alertando sobre posibles escenarios de impunidad.
Críticas directas y la respuesta de José Domingo Pérez
El fiscal interino no escatimó en cuestionar el desempeño de los equipos disueltos, afirmando que sus resultados no justifican su permanencia y que en su interior se habrían gestado actos de ‘encubrimiento, impunidad y persecución selectiva’. Mencionó el caso de la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, como ejemplo de una investigación que avanzó con lentitud. José Domingo Pérez, integrante del equipo Lava Jato, fue un blanco específico de Gálvez, quien afirmó que su actuación ‘ha hecho un daño enorme al Ministerio Público’ y que utilizó su cargo para fines mediáticos. En respuesta, Pérez cuestionó la legitimidad de la decisión, señalando que Gálvez debió abstenerse de pronunciarse previamente y advirtió sobre las repercusiones negativas que la reasignación podría tener en la continuidad de las investigaciones.
Lo que falta aclarar
- ¿Cómo garantizará el Ministerio Público que la transición de expedientes complejos a nuevas fiscalías no genere retrasos significativos o la pérdida de información crucial, favoreciendo la impunidad?
- Más allá de las acusaciones generales, ¿cuáles son los argumentos técnicos y legales específicos que sustentan la disolución de equipos que manejan casos de alto impacto en la lucha anticorrupción?
- Dado que el fiscal interino Tomás Gálvez ya había expresado su postura crítica antes de asumir el cargo, ¿cuál es la garantía de imparcialidad y objetividad en esta decisión institucional?
- ¿Se ha elaborado un plan detallado para el fortalecimiento de las fiscalías ordinarias y especializadas que recibirán estos casos, o se espera que asuman la carga sin recursos adicionales o capacitación específica?
