José Jerí: La polémica aprobación de leyes que siembran dudas sobre su gestión
El presidente interino José Jerí ha optado por promulgar normativas controvertidas que, según expertos y organizaciones, comprometen la seguridad, los derechos humanos y la lucha contra economías ilícitas, generando serias interrogantes sobre su gestión al frente del Ejecutivo.
En lo que va de su mandato interino, el presidente José Jerí ha avalado una serie de leyes aprobadas por el Congreso que, lejos de ser inocuas, han levantado alertas significativas por sus potenciales riesgos para la seguridad ciudadana, los derechos humanos y el control de actividades ilícitas. Lejos de ejercer su facultad de observación, Jerí ha procedido a la promulgación de estas normas, desoyendo advertencias de especialistas y organizaciones, y sembrando una profunda preocupación sobre la dirección de sus políticas.
Luz verde a la minería informal: El Reinfo extendido
Este viernes 26 de diciembre, el Ejecutivo oficializó la extensión del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) hasta el 31 de diciembre de 2026. Aunque la norma exige un censo nacional, reporte de ubicación real y verificación de planillas, voces críticas como Máximo Franco Bequer, presidente de la Confederación Nacional de Pequeña Minería y Minería Artesanal del Perú (Confemin), la califican de solución temporal. Más allá de esto, el Observatorio de Minería Ilegal ha sido contundente: la medida no ha frenado la tala, la contaminación por mercurio ni la violencia ligada al crimen organizado en zonas protegidas, evidenciando la persistencia de un problema estructural sin resolver.
Retroceso educativo y alertas ignoradas sobre ESI
Apenas dos días antes de la extensión del Reinfo, el 24 de diciembre, Jerí promulgó la Ley N° 32535, Ley de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres, que suprime la Educación Sexual Integral (ESI) del currículo escolar, reemplazándola por un enfoque “biológico y ético”. Esta norma, impulsada por la congresista de Renovación Popular Milagros Jáuregui, ha sido señalada por el colectivo feminista Manuela Ramos como una medida que “invisibiliza la real dimensión de la violencia contra las mujeres”. La gravedad de esta decisión se agudiza al considerar que, de enero a julio de 2025, 18,184 niñas y adolescentes menores de 19 años fueron madres a nivel nacional, según datos del MINSA. Resulta aún más alarmante que el 22 de diciembre, en Palacio de Gobierno, un estudiante increpó directamente a Jerí sobre esta problemática, advertencia que el presidente decidió ignorar.
Carreteras en zonas cocaleras: Un camino para el crimen organizado
Previamente, el portal Epicentro reveló que el presidente Jerí promulgó una ley promovida por siete congresistas de Fuerza Popular que habilita una carretera en una zona cocalera bajo alta vigilancia por narcotráfico y crimen organizado. A pesar de las alertas de autoridades y expertos, quienes temen que esta infraestructura facilite el tránsito de bienes ilícitos y fortalezca redes criminales, la ley siguió su curso. Carla Limas Cagna, especialista de ProPurús, advirtió que “muchas de esas pistas sirven de recarga y transporte”, mientras que Fernando Aroni Lozano, de ACONADIYSH, afirmó que “el narcotráfico está involucrado con las concesiones (…) hay pistas clandestinas que aterrizan aviones”.
La negación presidencial frente a las «leyes procrimen»
Un punto de inflexión en la gestión de Jerí ha sido su reiterada negación de que las denominadas “leyes procrimen” incrementen la inseguridad. Tras la aprobación de ocho de estas normas, el presidente desestimó las advertencias de instituciones como el Colegio de Abogados, que exigieron su derogación. Jerí argumentó que el problema de la extorsión se origina en los penales y en la frontera, donde hay quienes “defienden a los delincuentes”. No obstante, esta postura choca con la inacción frente a Iván Paredes, jefe del INPE, quien cuenta con una denuncia por cobro de coimas y no ha sido removido. Estas leyes, apoyadas por Alianza para el Progreso, Renovación Popular y Avanza País, debilitan pilares del sistema de justicia como la colaboración eficaz, la detención preliminar y la confiscación de bienes, dejando un manto de dudas sobre el compromiso real del Ejecutivo en la lucha contra el crimen.
Lo que falta aclarar
- A pesar de las contundentes advertencias de expertos y organizaciones sobre la ineficacia del Reinfo para frenar la minería ilegal y sus vínculos con el crimen organizado, ¿qué plan estratégico tiene el Ejecutivo para abordar el problema de fondo más allá de una extensión temporal?
- ¿Cómo explica el presidente Jerí la promulgación de la Ley de Igualdad de Oportunidades, que elimina la Educación Sexual Integral, apenas dos días después de ser interpelado directamente por un estudiante sobre el incremento de embarazos adolescentes y la necesidad de esta educación?
- Frente a las alertas explícitas de especialistas como Carla Limas Cagna y Fernando Aroni Lozano sobre el riesgo de que la carretera en zona cocalera facilite el narcotráfico, ¿qué mecanismos de control y fiscalización se implementarán para evitar que esta infraestructura sea utilizada por redes criminales?
- Si el presidente Jerí reconoce que el problema de la inseguridad y la extorsión radica en los penales, ¿por qué no se ha tomado ninguna medida respecto al jefe del INPE, Iván Paredes, quien tiene una denuncia pública por cobro de coimas, y cómo esto se alinea con el combate al crimen organizado?
