PNP cuestiona cifras de homicidios: ¿Esclarecen o confunden la crisis de seguridad?
El Comandante General de la Policía Nacional del Perú (PNP), Óscar Arriola, ha vuelto a encender el debate sobre las cifras de homicidios en el país, al reiterar que el Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef) no refleja con precisión la verdadera magnitud de la violencia criminal. Mientras la institución policial defiende sus propios registros, la insistencia en la disparidad de datos solo profundiza la incertidumbre y la desconfianza ciudadana sobre la real situación de la seguridad en el Perú.
Una disputa metodológica que genera confusión
Según la PNP, el Sinadef, creado con fines epidemiológicos y respaldado por el Ministro de Salud, Luis Quiroz, no está diseñado para clasificar muertes por sicariato, extorsión o crimen organizado. El jefe policial Arriola subraya que sus registros, construidos a partir de necropsias y diligencias fiscales, son los únicos capaces de diferenciar entre decesos criminales y otras causas. Sin embargo, esta divergencia metodológica, lejos de aclarar el panorama, siembra más dudas sobre la capacidad del Estado para ofrecer una lectura coherente y unificada de la criminalidad.
Los datos de la PNP: ¿suficientes para la rendición de cuentas?
El Comandante General Arriola presentó cifras de homicidios que, según la institución, corresponden estrictamente a hechos criminales: 82 en octubre, 74 en noviembre y 54 en diciembre. La PNP cuestiona la inclusión de accidentes de tránsito, laborales o suicidios en otros reportes, argumentando que distorsionan el análisis. No obstante, la ciudadanía se pregunta si estos datos, presentados de forma segmentada y sin un respaldo interinstitucional claro, son suficientes para evaluar la efectividad de las políticas de seguridad y exigir la rendición de cuentas que el momento amerita.
Criminalidad transnacional y la respuesta estatal
Arriola también alertó sobre el avance de una criminalidad transnacional, con bandas extranjeras operando en trata, extorsión y sicariato, que incluso difunden sus actos violentos como estrategia de intimidación. Este escenario, que exige una respuesta coordinada y robusta, contrasta con la persistente dificultad para consolidar un sistema de información sobre homicidios que sea aceptado por todas las instancias del Estado. ¿Cómo se puede combatir eficazmente una amenaza tan compleja si ni siquiera hay consenso sobre cómo medir su impacto?
Lo que falta aclarar
- ¿Por qué, a pesar de la gravedad de la crisis de seguridad, el Estado peruano sigue sin implementar un sistema unificado y transparente para el registro de homicidios y muertes violentas que sea aceptado por todas las instituciones?
- Si la PNP posee registros ‘más precisos’ con el Ministerio Público y médicos legistas, ¿qué impide que esta metodología se estandarice y se convierta en la cifra oficial de referencia para todo el país, eliminando la actual dualidad con el Sinadef?
- Más allá de la depuración de cifras, ¿qué acciones concretas y medibles está implementando el Ejecutivo para revertir la percepción de inseguridad y reducir los índices de violencia, especialmente frente a la advertida criminalidad transnacional?
- Ante la ‘tolerancia cero’ a la corrupción policial anunciada, ¿cuáles son los mecanismos de seguimiento y los indicadores de éxito que garantizarán la efectiva depuración de malos elementos sin generar impunidad interna?
