PJ ratifica detención preliminar de Ciro Castillo: El Callao bajo la sombra de un gobernador prófugo

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El Poder Judicial ha ratificado la detención preliminar por 15 días contra el gobernador regional del Callao, Ciro Castillo Rojo, al declarar infundada la apelación de su defensa. Esta decisión judicial no solo consolida la medida restrictiva en su contra, sino que subraya la insostenible situación de un funcionario que, pese a mantener formalmente su cargo, permanece en condición de prófugo, sumiendo a la región en una crisis de gobernabilidad y representación.

Justicia desestima argumentos de la defensa

La defensa de Castillo Rojo, liderada por el abogado Humberto Abanto, buscó anular la orden judicial, argumentando una supuesta falta de proporcionalidad y la ausencia de riesgos procesales concretos como peligro de fuga u obstaculización de la investigación. Se cuestionó que el juez de primera instancia habría empleado fundamentos genéricos y que la resolución fiscal no detallaba el alcance de medidas como allanamientos o incautaciones. Sin embargo, el tribunal superior desestimó estos planteamientos, afirmando que no lograban desvirtuar los presupuestos legales que sustentan la detención.

Debate sobre derechos fundamentales sin eco

Abanto también invocó jurisprudencia del Tribunal Constitucional y la Corte Suprema para enfatizar la necesidad de un estricto test de proporcionalidad en la restricción de derechos fundamentales. Incluso se alegó una vulneración al derecho de defensa, aludiendo a que el investigado y su familia conocieron el caso recién durante la ejecución de las diligencias fiscales, lo que, según la defensa, contravendría el artículo 139 inciso 14 de la Constitución. Pese a la solidez de estas invocaciones, el Poder Judicial desestimó nuevamente los argumentos, ratificando la validez de la orden de detención preliminar contra el gobernador.

El Callao: ¿Gobernador en la clandestinidad?

A pesar de la confirmación judicial de su detención, Ciro Castillo Rojo continúa en condición de prófugo, según la información oficial. Esta situación plantea una grave interrogante sobre la capacidad de gestión y representación del Gobierno Regional del Callao. Si bien un representante designado asume las funciones administrativas, la figura del gobernador electo permanece ausente y bajo la sombra de una orden de captura. Hasta el momento, no se ha oficializado ningún proceso de vacancia, dejando un limbo institucional mientras las investigaciones avanzan y la medida de detención preliminar también alcanza a otros investigados.

Lo que falta aclarar

  • ¿Hasta cuándo puede una región funcionar efectivamente con su máxima autoridad en condición de prófugo y bajo una orden de detención preliminar?
  • Dada la ratificación judicial de la detención, ¿qué acciones concretas tomará el Consejo Regional del Callao para abordar la ausencia y el estatus legal de su gobernador?
  • Si el Poder Judicial desestimó los argumentos de la defensa sobre la falta de riesgos procesales, ¿qué elementos específicos y contundentes sustentaron la decisión de mantener la detención preliminar?
  • ¿Cómo se garantiza la transparencia y la continuidad de la gestión regional del Callao mientras su titular afronta una investigación penal y permanece en la clandestinidad?

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