ONU: Ratificación de ‘ley de impunidad’ en Perú es un «peligroso retroceso» en DDHH
Expertos de Naciones Unidas (ONU) advirtieron este viernes que la reciente ratificación por el Tribunal Constitucional peruano de la denominada ‘ley de impunidad’ representa una importante regresión en materia de Derechos Humanos. Esta norma permite la prescripción de los crímenes de lesa humanidad.
Los expertos calificaron la decisión como un «peligroso retroceso», enfatizando que «los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles conforme al Derecho Internacional». Alertaron además que esta medida «socava la independencia judicial, introduciendo el riesgo de nuevas represalias contra abogados y otros profesionales» de la justicia.
La controvertida ‘ley de impunidad’ contempla la posibilidad de aplicar la prescripción a dichos crímenes si estos fueron cometidos antes de que Perú ratificara el Estatuto de Roma y la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de Lesa Humanidad. No obstante, el grupo de expertos subrayó que la prohibición de la prescripción para estos crímenes no está sujeta a la ratificación de tratados, pues «el principio de legalidad no protege a los perpetradores de atrocidades que ya eran delitos conforme al derecho internacional en ese momento». Añadieron que los atrasos en los procesos «tampoco pueden justificar la impunidad frente a violaciones graves».
En la misma línea se pronunciaron la Corte y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), coincidiendo en la prevalencia de los compromisos internacionales asumidos por Perú. Ambos organismos advirtieron que «las interpretaciones internas no pueden prevalecer sobre normas diseñadas para proteger a la humanidad de los peores crímenes», y alertaron que esta decisión «socava la independencia» del Poder Judicial peruano y abre la puerta a «nuevas represalias contra operadores de justicia –policía y fiscales hasta jueces, defensores públicos, abogados y peritos– que ya están siendo atacados por aplicar estándares internacionales vinculantes».
Concluyendo su pronunciamiento, los expertos sentenciaron que «la justicia tardía no debe convertirse en justicia denegada», instando a las autoridades peruanas a alinear su legislación interna con los estándares internacionales, protegiendo a los actores judiciales y garantizando la rendición de cuentas.
