INPE clausura definitivamente 141 economatos en penales para reforzar seguridad
El Instituto Nacional Penitenciario (INPE), a través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh), ha ordenado el cierre definitivo de 141 comercios, conocidos como economatos, que operaban al interior de diversos establecimientos penitenciarios del paÃs. La medida, oficializada mediante la Resolución Presidencial N.º 523-2025-INPE/P, responde a la detección de múltiples incumplimientos normativos y la necesidad de restablecer el principio de autoridad y la seguridad en los centros de reclusión.
De un total de 206 economatos autorizados, más de dos tercios serán desactivados de forma permanente. Estos comercios ofrecÃan a la población penitenciaria productos básicos como alimentos y artÃculos de higiene. Según el INPE, esta acción se enmarca en las medidas adoptadas durante el estado de emergencia vigente, especialmente en Lima y Callao, y busca eliminar focos de desorden administrativo y posibles riesgos para el control penitenciario.
Las autoridades penitenciarias detallaron que los economatos clausurados no cumplÃan con obligaciones básicas, como el pago por la habilitación de los espacios asignados ni con los servicios esenciales de energÃa eléctrica y agua. Estas irregularidades fueron consideradas incompatibles con el Reglamento General de Seguridad del INPE, el cual exige estrictos criterios de control y transparencia para las actividades comerciales dentro de las cárceles.
Para la ejecución de la medida, el INPE otorgó un plazo máximo de cinco dÃas calendario a los responsables para que retiren sus bienes, enseres y productos no autorizados. La decisión cuenta con un sólido sustento técnico y legal, basado en informes de la Subdirección de Trabajo y Comercialización, la Dirección de Tratamiento Penitenciario y la Oficina de AsesorÃa JurÃdica del INPE, que concluyeron la necesidad del cierre por razones de seguridad penitenciaria y control institucional.
Esta clausura forma parte de un proceso de reorganización interna del sistema penitenciario, orientado a fortalecer la supervisión y reducir actividades que escapen al control estatal, según informó el Minjusdh. El INPE precisó que la medida no implica la eliminación del acceso de los internos a productos básicos, sino una revisión integral de los mecanismos de abastecimiento, priorizando la seguridad y el cumplimiento normativo.
El Minjusdh remarcó que el fortalecimiento del orden y la seguridad penitenciaria es una prioridad, especialmente durante la vigencia del estado de emergencia. El INPE anunció que continuará realizando evaluaciones periódicas sobre los servicios autorizados en los centros de reclusión, reafirmando la prioridad de garantizar un sistema penitenciario seguro, ordenado y alineado con la normativa vigente.
