Crisis de cifras: El alarmante desfase en denuncias de extorsión entre PNP y Ministerio Público
El Perú se encuentra ante una revelación que socava la confianza pública y la efectividad de su lucha contra el crimen organizado: una alarmante discrepancia en el registro de denuncias por extorsión. Entre enero y noviembre de 2025, el Ministerio Público contabilizó 27,029 casos, una cifra significativamente mayor a las 25,196 denuncias reportadas por el Sistema de Denuncias Policiales de la Policía Nacional del Perú. Esta brecha de 1,833 casos no es un mero detalle estadístico; es un abismo que distorsiona la realidad de un delito que paraliza al país y exige explicaciones inmediatas.
Extorsión: La Amenaza Invisible en las Cifras Oficiales
La extorsión se ha consolidado como uno de los delitos más devastadores, afectando no solo la seguridad individual, sino también la economía y el control territorial en barrios, mercados y sistemas de transporte. Que el propio Estado peruano no logre registrar plenamente estas denuncias significa que las decisiones en materia de seguridad ciudadana se están tomando sobre una base de información incompleta. En este contexto, la afirmación del señor José Jerí, quien prefiere señalar que su gestión “hace cosas”, contrasta fuertemente con una realidad donde la ilegalidad parece avanzar sin un registro fidedigno.
Fallos Sistémicos y la Desconfianza Ciudadana
La Policía Nacional debería ser el principal punto de entrada para las denuncias en el sistema penal. El hecho de que el Ministerio Público registre un número superior de casos de extorsión es sumamente preocupante. ¿Qué revela esta situación? No solo evidencia posibles fallas en los procesos de registro policial, sino que también sugiere una creciente desconfianza ciudadana hacia la PNP, llevando a las víctimas a buscar otras vías para formalizar sus denuncias. En un momento de profunda crisis de seguridad, estas deficiencias son inaceptables y requieren una revisión profunda.
La Opacidad de los Datos como Estrategia
La manipulación o el ocultamiento de datos criminales no es un fenómeno nuevo. La historia latinoamericana del siglo XX mostró cómo regímenes autoritarios administraban la violencia también desde las estadísticas, haciendo desaparecer delitos que resultaban incómodos para el poder. Esta práctica, que se ha observado en países con graves problemas de criminalidad organizada como México o Colombia bajo discursos de “mano dura”, nunca ha conducido a una mejora real de la seguridad, sino a un recrudecimiento de la violencia y la impunidad. El Gobierno no puede escudarse en estados de emergencia o anuncios grandilocuentes si tolera una gestión opaca de la información criminal.
Lo que falta aclarar
- ¿Cómo es posible que 1,833 denuncias por extorsión, registradas por el Ministerio Público entre enero y noviembre de 2025, no figuren en los sistemas de la Policía Nacional del Perú?
- ¿Qué acciones concretas implementará el Ministerio del Interior y la Comandancia de la PNP para corregir de manera inmediata este desfase y asegurar la transparencia y fiabilidad de las estadísticas criminales?
- ¿Cómo garantiza el Gobierno que sus estrategias de seguridad ciudadana responden a la verdadera magnitud del problema de la extorsión cuando operan con datos incompletos?
- ¿Qué explica la declaración del señor José Jerí, quien prefiere afirmar que su gestión “hace cosas”, mientras esta preocupante brecha persiste y, según el análisis, permite el avance de la ilegalidad?
