Expresidente de Bolivia Luis Arce a prisión preventiva por el caso Fondioc
La Paz, Bolivia. La escena no es nueva en el convulso panorama político latinoamericano, y Bolivia vuelve a ser su epicentro. El expresidente Luis Arce fue trasladado este viernes al penal de San Pedro, en La Paz, para cumplir una detención preventiva de cinco meses. La medida, dictada por un juez anticorrupción tras una maratónica audiencia cautelar, lo vincula a una investigación por presunta corrupción durante su gestión como ministro de Economía, reavivando el siempre espinoso debate sobre la judicialización de la política y las cuentas pendientes entre gobiernos salientes y entrantes.
La decisión judicial, que marca un hito en la política boliviana post-Arce, llega apenas semanas después de que el exmandatario dejara la presidencia el pasado 8 de noviembre, para retomar sus actividades académicas. Su encierro, dictaminado por el juez anticorrupción Mario Helmer Laura, se sustenta en el riesgo de obstaculización de la investigación, a pesar de que la defensa de Arce presentó documentos que acreditarían arraigo laboral y domicilio fijo en la capital paceña. Laura precisó que, si bien se garantizará la integridad física de Arce y su permanencia en un espacio diferenciado, podrá solicitar permisos judiciales por razones médicas.
La jornada fue de alta tensión. El exjefe de Estado fue trasladado desde las oficinas de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (Felcc) en un convoy bajo estricto resguardo policial, con vehículos de lunas polarizadas, sorteando la mirada de la prensa y efectivos de seguridad en las calles céntricas de La Paz. Al ingresar al histórico penal, Arce se dirigió brevemente a los medios, dejando una frase que resuena a desafío y reivindicación: “No nos hemos ido, estamos aquí, somos inocentes”.
El trasfondo de esta imputación se remonta a la gestión de Luis Arce como ministro de Economía y Finanzas Públicas durante el extenso gobierno de Evo Morales (2006-2019). El Ministerio Público lo ha imputado por los presuntos delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica, directamente vinculados al manejo del Fondo de Desarrollo Indígena Originario Campesino y Agropecuario (Fondioc).
Según las indagaciones fiscales, durante ese periodo se habrían autorizado desembolsos de recursos públicos para una vasta cantidad de proyectos que, en los hechos, nunca fueron ejecutados o se realizaron de manera parcial. Las alarmas se encendieron al detectarse que de más de 3.500 proyectos financiados con fondos estatales, menos de la mitad habría sido concluida. Adicionalmente, la Fiscalía ha puesto bajo la lupa transferencias de dinero a cuentas personales de dirigentes de organizaciones indígenas y campesinas, configurando un potencial perjuicio económico para el Estado boliviano.
Frente a estas graves acusaciones, Luis Arce ha mantenido una férrea defensa, declarándose “absolutamente inocente” durante la audiencia cautelar y negando cualquier responsabilidad directa en los hechos. Su argumento central es que, en su rol como ministro de Economía, no formó parte del directorio del Fondioc. En cambio, su participación se limitó a la designación de un representante de su cartera mediante resoluciones. Arce ha insistido en que el directorio estaba conformado por delegados de múltiples ministerios e instituciones públicas, lo que implica que las decisiones no recaían de manera exclusiva en el Ministerio de Economía. Desde esta perspectiva, considera que las acusaciones carecen de sustento jurídico y que son, en realidad, una interpretación política de su función administrativa.
De hecho, el exmandatario ha ido más allá, calificando su detención como una clara “persecución política”. Durante su intervención ante el juez, denunció que el actual Gobierno estaría instrumentalizando su caso en una estrategia para “buscar chivos expiatorios” y desviar la atención de los problemas que enfrenta el país. Relató además detalles de su aprehensión que ha tachado de ilegal: fue interceptado por “personas encapuchadas” en una zona céntrica de La Paz, trasladado en dos vehículos distintos y, según su versión, no se le mostró inicialmente la orden judicial que autorizaba su captura, a pesar de exigirla.
La detención de Luis Arce no es un hecho aislado en el contexto regional. Se inscribe en un patrón recurrente de la «judicialización de la política» en América Latina, donde la línea entre la legítima lucha contra la corrupción y la persecución política es a menudo difusa y objeto de encendidos debates. La situación boliviana, con su historia reciente de intensas polarizaciones políticas y cambios de gobierno turbulentos, añade una capa de complejidad al proceso.
Desde que dejó la Presidencia, Arce se había reintegrado a su cátedra de economía en la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), labor que mantuvo incluso durante su mandato. Su detención, tan solo semanas después de su salida del poder, ha provocado una ola de reacciones en el ámbito político y académico. Mientras que los sectores afines al exmandatario denuncian una clara persecución judicial con fines políticos, el Ejecutivo insiste en la necesidad de combatir la corrupción y garantizar que todos los funcionarios, sin distinción de cargo, rindan cuentas ante la justicia.
La prisión preventiva de Luis Arce tendrá, sin duda, un fuerte impacto en la política boliviana, influenciando el reordenamiento de fuerzas tanto en el oficialismo como en la oposición. Analistas advierten que el caso podría tensar aún más la relación entre el Gobierno y los sectores vinculados al anterior oficialismo.
En los próximos meses, la atención estará centrada en el avance de la investigación fiscal, las apelaciones que la defensa de Arce pueda interponer y la capacidad del sistema judicial boliviano para conducir un proceso transparente e imparcial en un entorno de marcada polarización política. Por lo pronto, el expresidente permanecerá en el penal de San Pedro, insistiendo en su inocencia y denunciando lo que considera una instrumentalización política de la justicia.
