Crisis en la Fiscalía: El controvertido retorno de Luis Arce Córdova ahonda la inestabilidad en el Ministerio Público
La ya precaria estabilidad del Ministerio Público peruano enfrenta un nuevo capítulo de incertidumbre tras la formalización de la reincorporación de Luis Arce Córdova como fiscal supremo titular. La decisión, adelantada y ejecutada por el fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, se produce en un contexto de profundo desorden institucional, un liderazgo cuestionado y la inhabilitación política de la reciente titular, Delia Espinoza. Este movimiento no solo reconfigura la Junta de Fiscales Supremos, sino que también subraya la constante fluctuación en la cúpula del ente persecutor.
Según la resolución publicada este jueves en el diario oficial El Peruano, Luis Carlos Arce Córdova ha sido reincorporado como fiscal supremo titular, en virtud de la rehabilitación de su título por parte de la Junta Nacional de Justicia (JNJ). Adicionalmente, se le ha asignado la Fiscalía Suprema de Familia. El propio Gálvez había anticipado la medida a El Comercio, detallando que la JNJ había notificado la rehabilitación de Arce Córdova, previendo su publicación e incorporación en los días siguientes.
La figura de Tomás Gálvez, quien asumió de manera interina la dirección del Ministerio Público, se ve ahora central en la toma de decisiones que marcan la pauta de una institución debilitada por recurrentes acusaciones y pugnas internas y externas. Su gestión se inicia con la reincorporación de un fiscal supremo cuyo regreso, tras una rehabilitación de la JNJ, inevitablemente genera interrogantes sobre la continuidad y coherencia de las políticas internas.
Paralelamente a esta reincorporación, el Ministerio Público se encuentra inmerso en un complejo debate sobre su máxima autoridad. Gálvez Villegas informó que la Junta de Fiscales Supremos (JFS) sostuvo una reunión que, a diferencia de las especulaciones, no tuvo como objetivo elegir a un nuevo fiscal de la Nación. El único punto de análisis fue la situación jurídica de la fiscal suprema Delia Espinoza Valenzuela, quien fue inhabilitada por el Congreso de la República por un periodo de diez años la semana pasada.
Fuentes del Ministerio Público, sin embargo, indicaron que Gálvez habría intentado que la JFS evaluara la elección de un nuevo titular, pero sus colegas habrían priorizado definir la situación de Espinoza. Esta dinámica expone una evidente división de criterios y una lucha de poderes dentro de la cúpula fiscal, complicando aún más la ya frágil gobernabilidad de la institución.
El punto central de la discusión en la JFS, según lo explicado por el propio Tomás Gálvez, radica en la distinción legal entre la “inhabilitación” y la “destitución”. Gálvez precisó que si Espinoza Valenzuela hubiera sido destituida, la elección de un nuevo fiscal de la Nación habría procedido de inmediato. No obstante, al tratarse solo de una inhabilitación, la JFS debe seguir evaluando la normativa y la jurisprudencia aplicable antes de tomar una decisión. Este análisis, según Gálvez, podría extenderse hasta el próximo año, postergando la elección del nuevo titular.
La situación de Delia Espinoza no es un caso aislado. El Ministerio Público ha sido escenario de episodios similares, como la inhabilitación de la exfiscal de la Nación Zoraida Ávalos por parte del Congreso, quien posteriormente logró su retorno al cargo de fiscal suprema titular a través de una medida judicial. Otro precedente relevante es el caso de Patricia Benavides, quien fue destituida por la JNJ. Solo después de que su reconsideración fue ratificada, la JFS procedió a la elección de un nuevo fiscal de la Nación, recayendo en ese momento la designación en Delia Espinoza.
Estos antecedentes dibujan un patrón de inestabilidad y confrontación entre el Poder Legislativo y el sistema de justicia, afectando directamente la autonomía y funcionalidad del Ministerio Público. La prolongada indefinición en la cúspide de la Fiscalía de la Nación, sumada a movimientos como la reincorporación de Arce Córdova, proyecta una imagen de debilidad institucional y constante injerencia política. Mientras Delia Espinoza ha anunciado que interpondrá un recurso judicial contra su inhabilitación, el futuro inmediato de la Fiscalía permanece en un estado de incertidumbre, con decisiones cruciales pospuestas y la confianza ciudadana en entredicho.
